Bruselas refuerza sus controles sobre el sector textil

Una iniciativa en el Parlamento Europeo insta a aumentar la vigilancia sobre las empresas textiles que venden en el continente

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El Parlamento Europeo ha dado este jueves el primer paso para que las multinacionales textiles cuenten con una legislación a nivel europeo que vele por la transparencia a lo largo de la cadena de suministro, de tal manera que las principales firmas de ropa no tengan excusas para consentir la vulneración de los derechos de sus trabajadores en cualquier país del mundo.

En la iniciativa, impulsada por el grupo de la Izquierda Unitaria Europea en el que se inscribe Podemos, el Parlamento Europeo insta a la Comisión a que legisle sobre un sector que fabrica “en condiciones de esclavitud” el 70% de las mercancías que luego vende en el continente, según denuncia la formación.

El 70% de las prendas que se venden en Europa se han fabricado en condiciones de esclavitud

Aunque el problema parezca lejano, el Tratado de la Unión Europea establece que la acción exterior de la Unión ha de basarse en principios como la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

Un triste ejemplo

Por este motivo, junto con la contestación política, pero sobre todo con la movilización social que se produjo tras el derrumbe del edificio Rana Plaza, en Bangladesh, que costó la vida a más de un millar de trabajadores de varias fábricas textiles, el Parlamento se ve obligado a recordar a la Comisión que hace ya dos años se había comprometido legislar sobre esta cuestión, con el fin de evitar nuevas tragedias.

El Parlamento, por su parte, emitió después del suceso un informe sobre las condiciones de los trabajadores en el sector de la confección en el que consideraba los derechos sindicales una cuestión «clave». La iniciativa aprobada el jueves también señala como un buen punto de partida la idea de que sindicatos y organizaciones de trabajadores puedan operar con independencia y libertad para promover y proteger los derechos de los trabajadores, sobre todo la salud y la seguridad, permitiéndoles al mismo tiempo desempeñar eficazmente su función como socio necesario en el diálogo social y la negociación colectiva.

Garantizar la transparencia y la trazabilidad, o el impacto ambiental de la actividad son otras de las cuestiones que recoge el texto presentado en Bruselas y que servirá de acicate para contar con un marco jurídicamente vinculante que ponga fin a todas estas estas violaciones.

Economía Digital

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