Las incógnitas del caso Pocoyó

El pasado lunes, la compañía audiovisual Zinkia, propietaria de los derechos de Pocoyó, comunicó al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que había sido notificada de una denuncia. En ella, se informaba de que el creador del personaje de animación, José Maria Castillejo, había impugnado la junta de accionistas del pasado año en la que se le destituyó. En aquella reunión, la sociedad cambió de manos tras pasar a estar dirigida por el empresario mexicano Miguel Valladares. Fue, sin duda, el episodio más importante en la guerra que mantienen ambos accionistas que todavía está lleno de incógnitas sin una clara respuesta y en el que se ha señalado a miembros de la propia administración de justicia.

El día que lo cambió todo, el 14 de junio de 2016, Miguel Valladares se hacía con el poder de la compañía y provocaba el cese del fundador, José María Castillejo. Para conseguirlo, tuvo que ejecutar un préstamo que había financiado años atrás, supuestamente, para ayudar Jomaca 98, la sociedad de Castillejo que controlaba la mayoría de la participación de Zinkia. Dicho préstamo tenía como garantía más de ocho millones de acciones que, de cambiar de manos, alteraría también el poder de ambos accionistas.

La ejecución de las acciones de Jomaca (Castillejo) desencadenó todo el proceso

Valladares, que había formado parte del consejo de administración hasta el 2013, abandonó el órgano decisorio ese año porque “preparaba el asalto” a la dirección, según explican fuentes cercanas al conflicto. Así, el empresario mexicano emprendió una ofensiva contra Castillejo. Hasta entonces, no podía hacerse con el control, dado que tenía una participación del 11,2%, muy por detrás del español, que superaba el 60%. El fundador de Zinkia, tras ver sus intenciones y sabedor de la debilidad económica de Jomaca, se declaró en concurso de acreedores voluntario para que el azteca no pudiera ejecutar el préstamo.

Sin embargo, Valladares pudo revertir la situación. ¿Cómo lo consiguió? Según la demanda presentada por Castillejo el pasado 6 de junio, Valladares se hizo con la participación después de llevar a cabo una serie de supuestas irregularidades en torno a la subasta en la que se le concedió dicho préstamo. 

La reclamación se asemeja a la denuncia que Castillejo interpuso ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) el pasado año, poco después de salir de la compañía. En el escrito, acusaba a Valladares –junto a otras personas y entidades– de ser “actores y colaboradores necesarios” de un delito de estafa que habría propiciado este desenlace.

Actualmente la denuncia está recurrida desde este año después de haber sido archivada en primera instancia. Del mismo modo, Castillejo debe responder a una demanda de Valladares que tiene interpuesta en el juzgado de instrucción número 54 de Madrid.

La primera irregularidad, siguiendo siempre la versión de Castillejo, se haya en la formalidad de la subasta. El título identificativo de los valores (código ISIN) no se correspondía con los de Zinkia, por lo que las acciones que se subastaron a efectos prácticos no existían. Además, el nombre de la compañía al que hacía referencia en la licitación tampoco era correcto.

Bankinter hizo caso omiso a las indicaciones de José María Castillejo

Castillejo, consciente de los defectos, advirtió hasta en dos ocasiones a Bankinter, entidad que tenía depositada dicha participación. Lo hizo para que fueran conocedores de que, en el caso de que Valladares o algún representante suyo reclamara el préstamo, supieran que la entrega no era posible. Con todo, la entidad hizo caso omiso y procedió al trasvase de acciones que provocó el desequilibrio: Valladares reforzaba su posición y pasaba a ser primer accionista, mientras que la capacidad de Castillejo se reducía y quedaba aproximadamente en el 30%.

Más sorpresas: el precio de adjudicación y los plazos

Pero las dudas sobre lo acontecido no terminan aquí. Y es que el precio por el que el empresario azteca pudo hacerse por las acciones también sorprende. En el decreto de adjudicación la magistrada permitió que Valladares se hiciera con el 33,7% de la participación después de que éste depositara 1.189.411,20 euros. 

Al parecer, este valor era veintidós veces menor que el precio real, algo que probaría la consultora Duff & Phelps. La compañía líder a nivel mundial en el negocio de valoración de firmas de entretenimiento tasó la marca en 79 millones de euros en un informe fechado el 12 de abril de 2016, semanas antes a la ejecución del préstamo.

La auditoría de Duff & Phelps cuestiona el precio por el que se permitó la adjudicación de las acciones

Por último, el mexicano obtuvo un testimonio del propio decreto para fijar que la adjudicación era firme. Sin embargo, en la documentación aportada en el escrito ante la UDEF, una certificación del juzgado de lo mercantil número 10 de Madrid pone en entredicho la validez del documento.   

De los dibujos animados al culebrón de telenovela

La última vuelta de tuerca del conflicto señala directamente las actuaciones judiciales. En su momento se llegó a acusar a la juez que dirigió inicialmente el concurso de acreedores de Jomaca de actuar deliberadamente en favor de Valladares.

El motivo era claro: sobre ella se ceñía la sospecha de que mantenía una relación con el procurador del empresario mexicano. Una argumentación que se sostiene en dos informes de la agencia de detectives Rausa a los que ha accedido este diario, donde aparecen fotografías de la magistrada con el que fuera jugador de fútbol del Compostela.

La jueza que llevaba inicialmente el concurso de acreedores tuvo que apartarse del proceso

Más llamativa fue la resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dio razón a la magistrada esgrimiendo que el procurador no es parte alguna del procedimiento. Además, en una prediligencia de la fiscalía, se demostraba que la juez había faltado a la verdad al negar en un principio la relación, según explicó El Español. Finalmente, debido a la presión, la magistrada se inhibió alegando “enemistad manifiesta”. La sustituyó al frente del concurso la juez del juzgado mercantil número 11 de Madrid.