El nuevo problema de Jaime Botín con el fiscal

El ex presidente de Bankinter Jaime Botín-Sanz de Sautuola está acusado de defraudar hasta un millón de euros a la hacienda pública mediante la deslocalización “artificiosa” de un avión privado a Portugal. La Fiscalía de Madrid acaba de presentar una querella contra Botín-Sanz y otras tres personas de su entorno por este presunto delito. El ministerio público sospecha que los cuatro acusados crearon «un entramado de empresas» para evitar pagar el impuesto especial sobre determinados transportes que existe en España, a pesar de que la aeronave “tenía su base de movimientos en el aeropuerto de Torrejón (Madrid)”. En Portugal, por su parte, no es aplica esta tasa.

En 2012, la sociedad World Tour, constituida a finales de los ochenta y de la que Botín-Sanz era propietario, firmó un contrato para adquirir la aeronave por 10,7 millones de dólares. El avión se destinó «con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Botín y su círculo familiar y social», apunta la fiscalía.

El fiscal recuerda que el contrato establecía que la entrega del avión se realizó en el aeropuerto de Torrejón, su matriculación estaba sujeta a este gravamen especial, motivo por el que los querellados «decidieron deslocalizarlo a Portugal, donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación». Una maniobra que habría obligado a los cuatro a «ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España a cargo de World Tour y, por otro, a asegurar que tuviera en España la plena disponibilidad».

Jaime Botín: compró una aeronave basada en Madrid pero que tributaba a Portugal

De este modo, la sociedad española habría desviado los fondos necesarios a Portugal a través de la misma cuenta corriente que, a su vez, servía de garantía financiera al Banco Santander Totta, filial del Banco Santander en suelo luso, en el contrato de alquiler con opción a compra de la aeronave.

Finalmente la entidad que había asumido la posición compradora de la nave la cedió a la compañía Air Nimbus, controlada por otro de los querellados, en tanto que esta firmó, a su vez, un contrato de prestación de servicios aéreos con la española Gestair, administrada por el padre de otra de las personas contra las que va dirigido el escrito de la Fiscalía.