Sandro Rosell, ex presidente del Barça, en una imagen de archivo. EFE/ EMILIO NARANJO

La juez embarga a Sandro Rosell cuentas y propiedades

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El expresidente del Barcelona, que permanece en prisión por liderar presuntamente una red que blanqueó 15 millones de euros, ve bloqueado parte de su patrimonio

Barcelona, 31 de mayo de 2017 (21:00 CET)

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha dictado el embargo de parte del patrimonio del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. La magistrada ha ordenado el bloqueo de 24 cuentas corrientes de las que él es titular. Lamela también ha mandado el embargo de decenas de inmuebles propiedad del empresario, según avanza El País. Estas fincas estarían ubicadas en siete municipios de Cataluña. La decisión se habría producido dos días antes de ordenar el ingreso en prisión.

El directivo está acusado de liderar una "organización criminal" que se apropió de 14,97 millones de euros. Esta cantidad la debería haber recibido la Confederación de Fútbol Brasileño como parte de los derechos televisivos de una veintena de partidos amistosos.

El embargo más importante es el de un bloque de edificios en la calle Déu i Mata de Les Corts, un zona acomodada de Barcelona. Otra de las incautaciones se produce en un local comercial de 206 metros cuadrados en Sarrià-Sant Gervasi.

Según recoge el auto, el listado de bienes inmuebles –en el que no se indica su valor– incluye pisos y terrenos en zonas habituales de veraneo en la región, como una vivienda en el conjunto residencial Marina, en el puerto de Palamós. Otro de los bloqueos a sus posesiones se da en una finca rústica en La Seu d'Urgell.

Embargo Rosell: la decisión se tomó dos días antes de dictar su entrada en prisión

Asimismo, la juez ha ordenado el bloqueo "de los saldos de todas las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad u otros activos financieros". Cabe indicar que también han sido embargados dos coches y una motocicleta.

La razón se fundamenta en que la medida es "proporcional, necesaria e idónea" por la "gravedad de los hechos" que se investigan. Por último, Lamela recuerda que, entre 2007 y 2011, los involucrados en el caso "se dedicaron a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas”. Unas mordidas lavadas, presuntamente, a través de un entramado societario en paraísos fiscales.