Los trabajadores de Sant Pau piden al juez que investigue el fiasco de Can Masdeu
Solicitan una ampliación de denuncia para analizar si la operación frustrada incurrió en delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho
Los trabajadores del Hospital de Sant Pau han solicitado una ampliación de denuncia por el fiasco de Can Masdeu al juez que investiga la entidad por presuntas irregularidades de la antigua dirección. El escrito — presentado por los abogados del comité de empresa– pide al titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo, que analice si, en la operación frustrada a tres bandas entre el centro sanitario, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) y la UTE Sant Pau –conformada por las compañías OHL, Emte y Guinovart–, se produjeron delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y cohecho.
De aceptarse la demanda a la que ha tenido acceso Economia Digital, se uniría a la causa que investiga a ex altos cargos del centro sanitario por estafa y malversación. En concreto, la instrucción se centra en unas presuntas irregularidades en pagos a altos cargos directivos y contratos con proveedores. Además, también se analiza la gestión del centro sanitario, que tuvo que ser intervenido por la Generalitat en marzo de 2012, y su complejo entramado de fundaciones.
El negocio
La ampliación de denuncia pide que se investigue el contrato a tres bandas que la UTE Sant Pau propuso a la dirección del hospital como un sistema de financiación complementario a las obras del nuevo centro sanitario que se empezaba a edificar en el año 2000.
Así, las compañías constructoras se ofrecían a comprar una parcela a las afueras de Barcelona que el hospital había recibido años atrás como donativo –los terrenos de la masia de Can Masdeu– como moneda de cambio para llevar a cabo una serie de equipamientos para el COMB, según se relata en un informe de la Sindicatura de Comptes sobre la Fundación Privada del Hospital en el ejercicio 2009.
Finalmente, el negocio se frustró y el hospital de Sant Pau decidió rescindir el contrato unilateralmente. Esto provocó un juicio entre el centro sanitario y la compañía Sant Llatzer i Can Masdeu Promocions del Grup Med Corporatiu –grupo de sociedades vinculado al COMB–, que se subrogó los derechos del contrato en lugar de la constructora. La Audiencia Provincial falló en 2007 a favor de la empresa del Col·legi de Metges y obligó a Sant Pau a vender los terrenos por 8 millones de euros o indemnizar con 2 millones de euros.
Dudas del proceso
La ampliación de demanda indica que «no existe ningún daño y perjuicio que indemnizar a Sant Llatzer i Can Masdeu Promocions S.L. ni a Grup Med Corportaiu Sau». Además, indica que se desconoce «la documentación justificativa del cálculo importe abonado para resolver y extinguir el primitivo contrato de compraventa».
Además de este caso, la Audiencia de Barcelona reabrió hace unos meses la investigación del ERE aplicado en el hospital por la actuación de dos altos cargos del departamento de Empresa i Ocupació. Por otro lado, la presidenta del comité de empresa del centro sanitario, Carme Pérez, presentó una denuncia hace unas semanas contra el Protectorat de Fundacions de la Generalitat por no actuar contra el déficit crónico que arrastra el centro sanitario desde 1991.
