Un nuevo problema para FCC incrementará las pérdidas el 8%

Las denuncias ante la fiscalía por parte de los ayuntamientos de Barcelona y Badalona obligarán a provisionar 14 millones cuando el juez las admita a trámite

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A Carlos Slim, el magnate mexicano que controla el grupo FCC –en la práctica con el 81%, mientras Esther Koplowitz no devuelva la prenda por el 20% prestado– se le acumulan los problemas.

Acaba de ver cómo un tribunal británico desestima la apelación interpuesta para levantar la suspensión que pesaba sobre una conversión de bonos, para amortizar una emisión con un saldo vivo de 32,75 millones de euros.

Y, en Cataluña, los casos de presunto fraude en los servicios de basura, detectados por los ayuntamientos de Barcelona y Badalona, han hecho saltar las alarmas en otros grandes municipios catalanes en los que FCC también tiene adjudicadas las concesiones de recogida de basuras y limpieza urbana.

FCC cobra casi 30 millones al año en Hospitalet…

Algunos consistorios ya estaban sobre aviso de las presuntas irregularidades, como en el caso de los de Girona u Hospitalet de Llobregat, en los que el control de la recogida de basuras se gestiona de manera telemática.

Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Hospitalet, que paga anualmente casi 30 millones de euros, detrajo a FCC 11.000 euros de la factura del pasado mes de octubre por no haber completado adecuadamente algunos de los servicios estipulados en el contrato.

…Y 10 en Mataró

En otros, como en Mataró, a la vista de lo sucedido en Barcelona y Badalona, sus responsables se han apresurado a anunciar la inmediata contratación de una auditoría para  verificar que FCC cumple con lo establecido en la concesión, adjudicada en 2014 por 61 millones de euros durante 8 años.

Inicialmente, el monto anual abonado por Mataró ascendía a 7,5 millones, pero este mismo mes de noviembre la corporación presidida por David Bote, al ampliar las competencias a la concesionaria, incrementaba el cargo en 2 millones, con lo que la factura anual se acerca ya a los 10 millones de euros.

Efecto contagio

De momento, se desconoce el alcance del efecto contagio que, como consecuencia del resultado de nuevas auditorías e inspecciones, pudieran derivarse para las cuentas de FCC.

Precisamente, sobre una actividad –la medioambiental– cuyo buen comportamiento está evitando que las pérdidas del grupo presidido por Esther Alcocer Koplowitz sean superiores a los casi 180 millones de euros negativos con los que FCC cerraba las cuentas hasta el pasado 30 de septiembre.

Provisión previsible

Lo único previsible es que la corporación controlada por Carlos Slim se verá obligada a efectuar una provisión de casi 14 millones de euros –el importe de los fraudes detectados en Badalona y Barcelona–, en el momento en que la fiscalía vea indicios de delito en las demandas presentadas y un juez las admita a trámite.

Sobre las cuentas al cierre del tercer trimestre, esta provisión, para cubrir una eventual pérdida de estos litigios, supondría aumentar las pérdidas un 8%, hasta los 193 millones de euros.

La empresa, no sabe no contesta

Desde la empresa no han querido añadir nada nuevo a lo expresado en la escueta nota publicada la pasada semana, cuando se puso sobre la mesa el presunto fraude de 800.000 euros detectado en Barcelona.

«Nos remitimos a lo ya comentado», comenta una portavoz de FCC, en relación a la apertura de una investigación interna y a la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la justicia para esclarecer los hechos denunciados. Sobre el caso de Badalona han preferido no hacer comentario alguno.

La única actividad que tira del carro

Para FCC, que los servicios medioambientales puedan verse afectados por estos presuntos casos de fraude tendría un efecto perverso sobre las cuentas del grupo. Los 318 millones de ebitda representan el 52% del grupo.

Hasta septiembre, el 26% de los ingresos totales de FCC procedía de lo facturado por esta actividad, solo en España. Más de 1.130 millones, equivalentes al 47% del total del volumen de negocio del grupo.

El resto de los ingresos medioambientales provienen de los 600 aportados en el Reino Unido y los 283 que llegan de varios países centroeuropeos.

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