La opacidad contable perjudica la confianza
02/12/2011 17:42
A las ya conocidas y criticadas prácticas poco transparentes en la rendición de cuentas de muchas entidades del sector público, en particular del ámbito local --puestas de manifiesto por organizaciones como Transparencia Internacional y por el propio Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo--, se suma también la opacidad de las cuentas de los partidos políticos.
En los programas electorales reivindican el derecho de los ciudadanos a más y mejor información, y adjetivan la transparencia para ganar y mantener la confianza de los ciudadanos, pero no es posible encontrar rastro en los registros públicos de cómo los partidos formulan sus cuentas y cuál es su contenido.
Solo el Tribunal de Cuentas, que tiene la competencia de fiscalizarlas, publicó un informe en 2010 sobre las cuentas de 2006. Es justo lo contrario de lo que sucede con las cuentas de las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, que deben depositar anualmente sus cuentas en plazo en el Registro Mercantil.
A propuesta del Comisario Barnier, la Comisión Europea ha aprobado distintas iniciativas entre las que destaca la propuesta de Directiva 2011/0308, aprobada en octubre pasado, que se encuentra ya en proceso de tramitación parlamentaria y de aprobación por el Consejo de Ministros europeo. Entre sus propuestas se encuentra la posibilidad de que los estados miembros puedan eximir a las pequeñas empresas de publicar información clave como su cuenta de pérdidas y ganancias. El límite lo sitúa en 10 millones de euros anuales de cifra de negocio y de 5 millones en su balance.
Les exige la obligación de auditarse anualmente sólo a las entidades de interés público, empresas medianas y grandes.
La justificación es la reducción de cargas para las empresas. Sin embargo, los efectos pueden ser muy negativos tanto para las propias empresas como para el entorno económico en general: incremento del coste de los créditos bancarios, dificultades para las pequeñas empresas para competir en mercados con exigencia de máxima transparencia, menor seguridad para los grupos de interés y para los accionistas minoritarios, etcétera.
Además, si se incrementara hasta una cifra de negocios superior a 10 millones de euros el límite en el que las empresas no están obligadas a ser auditadas, más de 7.000 empresas españolas dejarán de auditarse. De forma aproximada, quedarían exento un 20% del actual volumen de auditoría obligatoria, que se concentra al mismo tiempo en pequeñas y medianas firmas de auditoria, en cuyo sector podría suponer la desaparición de más de 200 auditoras y dejar sin empleo a un millar de profesionales.
En los programas electorales reivindican el derecho de los ciudadanos a más y mejor información, y adjetivan la transparencia para ganar y mantener la confianza de los ciudadanos, pero no es posible encontrar rastro en los registros públicos de cómo los partidos formulan sus cuentas y cuál es su contenido.
Solo el Tribunal de Cuentas, que tiene la competencia de fiscalizarlas, publicó un informe en 2010 sobre las cuentas de 2006. Es justo lo contrario de lo que sucede con las cuentas de las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, que deben depositar anualmente sus cuentas en plazo en el Registro Mercantil.
A propuesta del Comisario Barnier, la Comisión Europea ha aprobado distintas iniciativas entre las que destaca la propuesta de Directiva 2011/0308, aprobada en octubre pasado, que se encuentra ya en proceso de tramitación parlamentaria y de aprobación por el Consejo de Ministros europeo. Entre sus propuestas se encuentra la posibilidad de que los estados miembros puedan eximir a las pequeñas empresas de publicar información clave como su cuenta de pérdidas y ganancias. El límite lo sitúa en 10 millones de euros anuales de cifra de negocio y de 5 millones en su balance.
Les exige la obligación de auditarse anualmente sólo a las entidades de interés público, empresas medianas y grandes.
La justificación es la reducción de cargas para las empresas. Sin embargo, los efectos pueden ser muy negativos tanto para las propias empresas como para el entorno económico en general: incremento del coste de los créditos bancarios, dificultades para las pequeñas empresas para competir en mercados con exigencia de máxima transparencia, menor seguridad para los grupos de interés y para los accionistas minoritarios, etcétera.
Además, si se incrementara hasta una cifra de negocios superior a 10 millones de euros el límite en el que las empresas no están obligadas a ser auditadas, más de 7.000 empresas españolas dejarán de auditarse. De forma aproximada, quedarían exento un 20% del actual volumen de auditoría obligatoria, que se concentra al mismo tiempo en pequeñas y medianas firmas de auditoria, en cuyo sector podría suponer la desaparición de más de 200 auditoras y dejar sin empleo a un millar de profesionales.
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