En las últimas semanas varios millares de ciudadanos se han negado a pagar en diferentes peajes de autopistas de algunas comunidades autónomas (especialmente la catalana pero también la valenciana). Esta campaña de insumisión está apoyada y, en algunos casos instigada, desde instancias políticas de algunos partidos minoritarios.
El movimiento denominado #novullpagar (no quiero pagar) crece día a día convirtiéndose en otra forma de protestar ante la situación del país y el descontento general. El primero de mayo se ha convertido en el máximo exponente de ello.
La iniciativa que crece exponencialmente gracias a su diseminación informativa por las redes sociales se basa en varios argumentos como que algunas vías de pago ya están amortizadas o que en otras comunidades no se paga. Sin embargo si lo analizamos veremos que la acción de insumisión se realiza de manera indeterminada en todas las vías concesionales que tienen diferentes plazos de finalización. Tampoco se mira la propiedad de la concesión, actuando tanto en empresas privadas (Abertis y Ferrovial) como públicas (Tabasa).
Las concesionarias de esos tramos, singularmente Abertis, se encuentran ante la diatriba de qué hacer con los insumisos. En primera instancia la Generalitat ha avisado que empezará a multar a los que se nieguen a pagar pero estos reclaman la abolición de esta obligación.
La opción que se plantearía entonces es la reversión de la gestión a manos públicas en aquellos casos de contrato concesional. Ello tiene implicaciones importantes a nivel de coste que deberíamos tener muy presente.
Por un lado el resarcimiento económico que deberían efectuar las administraciones públicas a las empresas concesionarias por el incumplimiento contractual. Además, si se eliminasen los peajes, el coste del mantenimiento debería asumirlo el erario público, o sea, debería ser sufragado por los impuestos de los ciudadanos.
Es, en ese contexto, donde me pregunto si ¿los servicios deben ser pagados por todos los contribuyentes, usen o no las vías? ¿No es más correcto que sean asumidos solamente por aquellos usuarios que disfrutan de ellos?
En algunas comunidades no existen peajes visibles pero ello no quiere decir que no tengan coste. Nada es gratis. En esos casos, las administraciones suelen concertar con las empresas constructoras de esas infraestructuras viarias un peaje en la sombra que se paga mediante los impuestos generales durante muchos años.
Entiendo que la opción del peaje al sol pueda ser contestada por los afectados pero estos, al reclamar su derecho a no pagar, como en otras comunidades, implícitamente están demandando que ese estipendio que ellos realizan sea asumido por todos los ciudadanos de tal manera que los usuarios de las autopistas traspasan una parte de su gasto al resto de la población. En el fondo habría una transferencia de rentas de toda la sociedad hacia aquellos usuarios de las autopistas.
Me pregunto ¿qué decisión política es más equitativa? ¿Y cuál es la más eficiente teniendo en cuenta la falta de recursos públicos que nos atenaza?