Bañez aborta el convenio de la construcción 27 días después de su firma

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social considera que vulnera la reforma laboral y conmina a las partes a que lo renegocien

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El nuevo convenio de la construcción 2012-2016 ha durado 27 días por obra y gracia de la reforma laboral. Ese es el plazo que ha transcurrido desde que la patronal y los sindicatos firmaron el documento hasta que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo ha declarado nulo por incumplir el nuevo decreto que regula el mercado de trabajo. Este texto afecta al segundo sector productivo más importante del país y vincula a 1,8 millones de trabajadores.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por medio de la Dirección General de Trabajo, ha remitido un requerimiento a las partes, es decir, a la patronal de la construcción, la CNC, y a los sindicatos UGT y CCOO, en el que comunica su negativa a publicar el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por vulnerar algunos preceptos de la reforma y conmina a las partes a que lo renegocien, según informan distintas fuentes cercanas al conflicto. El hecho de no aparecer en el BOE supone que el convenio no entra en vigor.

La primacía

El argumento del Ministerio presidido por Fátima Bañez para anular el texto se centra en la primacía que da al convenio colectivo provincial, algo tradicional en este sector, a la hora de regular aspectos clave como por ejemplo las retribuciones o la organización del trabajo en detrimento del convenio de empresa.

La nueva legislación laboral creada por el equipo de Rajoy pivota, por el contrario, sobre la prevalencia de los convenios de empresa. En el caso del nuevo convenio ahora abortado, sí se contempla la posibilidad de que una sociedad con problemas económicos no siga las directrices del convenio.

Pero las causas tienen que estar muy objetivadas y antes de descolgarse del convenio sectorial existe control previo por parte de los trabajadores de la empresa o por una comisión de control formada por patronal y sindicatos.

Sector atomizado

El nuevo real decreto otorga a partir de ahora libertad casi total para individualizar las relaciones laborales, lo que abre la puerta en un sector tan atomizado como el constructor a la negociación de miles de convenios. Ahora mismo cerca del 90% de las empresas que operan en la construcción son pymes.

Ni patronal ni sindicatos consideran sensato abrir un proceso de negociación en empresas con plantillas tan pequeñas porque les falta tiempo, recursos y conocimientos. Además crearía problemas internos a empresas que trabajan en distintas provincias y complicaría procesos de construcción donde trabajarían mano a mano múltiples empresas con convenios distintos.

Los sindicatos, que van bastante de la mano con la patronal en este conflicto, consideran que el convenio es plenamente legal porque se firmó el 20 de enero, antes de que entrara en vigor la reforma laboral el pasado día 13 de febrero, según fuentes de CCOO. Exigen su publicación inmediata en el BOE y consideran la actitud del Ministerio de Empleo y Seguridad Social prevaricadora.

Esta semana recurrirán el requerimiento que veta la entrada en vigor y si pese a ello, Empleo y Seguridad Social insiste, iniciarán una demanda a través de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que puede tardar unos seis meses en resolver.

Economía Digital

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