EEUU sólo busca en BPA el origen de la fortuna del ruso Petrov

Los técnicos del Tesoro estadounidense ponen la proa a sus cuentas bancarias por sospechar que contienen 50 millones en comisiones del blanqueo procedente de la venta de armas a organizaciones terroristas

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp

Quedan dos semanas para que cumplan los 60 días que Estados Unidos (EEUU) fijó con el objetivo de encontrar pruebas concluyentes sobre el presunto blanqueo de capitales en Banca Privada de Andorra (BPA). Durante el tiempo legal que resta, los técnicos subcontratados a PwC se concentrarán en localizar las evidencias sobre el supuesto origen ilegal de un saldo de unos 50 millones de euros cuyo beneficiario es Andrei Petrov, un viejo conocido de la justicia española. De hecho, sigue en prisión por la investigación del caso Clotilde. Dilucidar la procedencia del capital es la prioridad.

La orden 311 del Fincen, el departamento en Washington que combate el blanqueo y la financiación de organizaciones terroristas, contra BPA recoge tres focos de posibles delitos: la conocida deriva venezolana, el blanqueo de la mafia china, que habría lavado capital amasado en la trata de personas, y, finalmente, el asunto que más preocupación genera: la venta de armas a diversas organizaciones terroristas –entre ellas, el Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés)— y de la que supuestamente se habría beneficiado Petrov. Para EEUU es la menos documentada.

Tres administraciones implicadas

La investigación sobre BPA se activó principalmente para desenmascarar el origen de la fortuna del empresario ruso, cuyo campo de actuación se desplegó en Cataluña, aunque la orden administrativa recogió todos los focos de preocupación. EEUU sospecha que Petrov ayudaba a blanquear el dinero que lograba uno de los delincuentes más buscados del mundo. Por esta razón, en la investigación están implicadas hasta tres capas distintas de la administración estadounidense y podría acabar en manos de los fiscales de los estados de Nueva York y Delaware.

La vertiente rusa es además la que mayor resistencia ofrece a los investigadores del Fincen. De hecho, el organismo se orientó gracias a los intercambios de la información extraída del interrogatorio al que fue sometido Petrov por la policía española a principios de 2014. El presunto mafioso trabajaría para Semion Mogilevich. En Washington están convencidos de que suministra armamento a los terroristas y que centrifuga alrededor del mundo los importes que percibe a cambio de la transacción. Uno de los colaboradores de Mogilevich en ese cometido sería Petrov.

Diversificación de la fortuna

EEUU cree que con este cliente colaboraron varios directivos, a diferencia de los controles y las alertas que activó la propia BPA para alertar sobre los movimientos de capitales de varios funcionarios venezolanos. Habrían sometido a Petrov a exámenes «simbólicos», según funcionarios del Tesoro consultados por este diario. Hasta ahora se sabe que los 50 millones están fragmentados en una cuenta a la vista y dos fondos distintos. Todos ellos con inversiones de carácter conservador, con poco riesgo.

Antes de iniciar la operación con Petrov, BPA visitó las instalaciones de sus empresas. Esta inspección se hace con frecuencia para comprobar la existencia del negocio y que éste dispone de actividad transparente. Para EEUU, que las compañías se hallen no es incompatible con que el ciudadano ruso ayudara a su camarada a cambio del cobro de comisiones. Cómo se logran 50 millones en tan poco tiempo y con inversiones inmobiliarias en plena crisis económica española es la pregunta de partida que se formulan los técnicos.

La aguja en un pajar

Además de los indicios bancarios, existen sospechas fundamentadas en las investigaciones de la policía española y el FBI, que han contado con la ayuda de Interpol. Distintas fuentes señalan que Fincen actúo de manual, cómo ha hecho con otros bancos en donde se han detectado movimientos sospechosos. El último ejemplo es del alemán Commerzbank. En BPA, la situación ha impactado debido al tamaño de la entidad investigada y a la reacción del propio Gobierno local. EEUU duda de 50 millones entre más de 6.000 millones en activos gestionados. El resto de importes sospechosos, sobre todo los venezolanos, los tiene perfectamente monitorizados. 

Ismael García Villarejo

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp