La Audiencia Nacional ordena la detención de cinco ex directivos de la CAM

La investigación de las irregularidades en la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterraneo (CAM) ha dado un giro este miércoles por la mañana. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de parte de la cúpula de la entidad alicantina antes de su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011.

La medida afecta a uno de los rostros más conocidos de la CAM, su antiguo director general Roberto López Abad. También ha sido arrestado el ex director general de inversiones inmobiliarias, Daniel Gil, informa Euopa Press citando fuentes jurídicas.

Cinco imputados

El magistrado está detrás de la presunta responsabilidad de la cúpula de la entidad de su caída. Sospecha que “al menos conocían o debían, pudieron y no quisieron conocer la situación patrimonial de la CAM”, una de las primeras entidades que cayó en España.

De hecho, en junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros a los directivos que cree que eran conscientes de la inviabilidad de la caja y eludieron intentar solventar la situación. Gómez Bermúdez ha imputado a López Abad y a su predecesora en el cargo, María Dolores Amorós; al ex presidente Modesto Crespo; y a los ex directores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogrob.

Deficiencias en la gestión

El juez de la Audiencia Nacional aseguró en verano que los directivos “en el mejor de los supuestos” no pusieron “objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes”.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011. En ese momento, el regulador español inyectó 2.800 millones de euros públicos para reflotar la entidad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y destituyó a la cúpula en bloque.

Cuentas ficticias

Cuando los inspectores del Banco de España auditaron la caja alicantina detectaron graves deficiencias en su gestión. Desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas al cobro de sustanciales prejubilaciones que se habían tramitado de forma irregular. Sólo cuatro meses antes, Crespo y López Abad habían presentado unas cuentas con unos beneficios ficticios de 38,9 millones de euros. El regulador mostró que los números rojos llegaban a los 1.136 millones de euros.

Banc Sabadell se quedó la entidad por un euro en diciembre de 2011.