Los recursos ponen al ralentí el caso de los sobresueldos en CatalunyaCaixa

Se investigan los sobresueldos de Serra y Todó y el agujero de 900 millones en hipotecas que denunció el FROB

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El caso de los sobresueldos de CatalunyaCaixa está dormido. «No se ha movido un papel desde el pasado marzo», cuando se presentó un nuevo recurso de apelación de las defensas, según constata Julia Romon, abogada de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) que ejerce la acusación particular. Los continuos recursos han paralizado el proceso. Entre estos destaca la pretensión del ex presidente Adolf Todó de invalidar la filtración de correos electrónicos que éste envió al Banco de España o el infructuoso intento de la CUP, que también ejerce la acusación particular, de ampliar la querella.

En el llamado caso de los sobresueldos de CatalunyaCaixa figuran como imputados sus ex presidentes Narcís Serra y Adolf Todó, el ex director general adjunto Jaume Massana, así como 39 miembros del consejo de administración que dieron el visto bueno al incremento salarial de la cúpula directiva cuando la entidad se encaminaba a la quiebra y tuvo que ser auxiliada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El sumario se dio por cerrado hace dos años

En un auto de diciembre de 2014, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona rechazó el archivo del caso tal como pedían las defensas y dio por cerrado el sumario, pero desde entonces se ha producido una sucesión de recursos. Entonces parecía que se estaba a un paso del juicio. En aquel momento, hace casi dos años, se estaba pendiente de que el juez diera traslado a la Fiscalía y a las acusaciones –entre las que se encuentran el FROB, el sindicato CIC, la formación política CUP y la desprestigiada Ausbanc– para que presentaran sus escritos de calificación.

Cuando se resuelvan los últimos recursos, el proceso se desatascará y continuará con la petición de calificaciones a las partes. Si no surgieran imprevistos, el juicio se podría señalar como muy pronto para finales del próximo año.

Una de las acusaciones pedirá 7 años para Todó y otros 4 para Serra

Julia Romon, abogada de la CIC, señala que desde hace mucho tiempo tienen listo el escrito de acusación: para Adolf Todó, piden una pena de 7 años de cárcel por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida; mientras que para Narcís Serra, ex vicepresidente del gobierno con Felipe González, piden 4 años tan sólo por el de administración desleal. También se les exige la devolución de los incentivos laborales, de los cobros supuestamente indebidos y una indemnización.

Según la documentación judicial, Todó «disfrutó» de un incremento salarial de 212.000 euros en tres años y de una retribución variable que en 2010 pasó del 35% al 50% del salario fijo. En el caso de Masana, éste incremento pasó del 35% al 45%. Los dos también formalizaron una póliza para cubrir su plan de pensiones por un importe de cerca de 5 millones de euros.

Narcís Serra cobró dietas y sueldo

Como presidente, Narcís Serra cobraba elevadas dietas, que en 2006 alcanzaron los 135.707 euros y, entre 2007 y 2010, conjugó las dietas con un salario, por lo que cobró entre 236.000 y 260.000 anuales. Tanto Serra como Todó siempre han mantenido ante el juez que su retribución fue avalada por el Banco de España.

La abogada Julia Romon es una ex empleada de CatalunyaCaixa, ex delegada sindical y ex miembro del consejo general de la entidad que ahora ejerce como acusadora particular. Romon recuerda que cuando la cúpula se incrementó sus retribuciones se había entrada en una dinámica de expedientes de regulación de ocupación.

Un agujero de 900 millones de euros en operaciones hipotecarias denunciadas

La cúpula de la antigua CatalunyaCaixa todavía tiene pendiente otro asunto judicial relacionado con operaciones hipotecarias que generaron pérdidas de cerca de 900 millones de euros. El caso arranca de una serie de informes Forensic encargados por el FROB que en 2014 presentó a la Fiscalía Anticorrupción. El pasado mes de enero, Narcís Serra declaró ante la Guardia Civil.

El Estado ha perdido más de 11.800 millones en el saneamiento de Catalunya Banc, la entidad en la que confluyeron CatalunyaCaixa, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, que recientemente ha culminado su fusión con BBVA. El banco de Francisco González se adjudicó la entidad a precio de saldo en una subhasta pública.

También se investiga a la cúpula de la antigua Caixa Tarragona

La antigua Caixa Tarragona también arrastra un proceso que se está aletargando en los tribunales. En 2014, el Juzgado de Instrucción número 3 de Tarragona abrió diligencias contra el ex presidente, Gabriel Ferraté, de 84 años, y el ex director general, Rafael Jené, por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

En estos momentos, se está a la espera que este juzgado decida si declara de especial complejidad este caso, tal como han requerido las acusaciones. En caso afirmativo, la instrucción todavía podría durar más de un año, según apunta la abogada Julia Romon, en representación de la CIC, la entidad que presentó la denuncia inicial.

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