¿Adónde nos llevas, Cristina?

Es la pregunta que se hacen en estos momentos muchos argentinos, especialmente los menos subsidiados, empresarios, personal no adocenado y consumidores en general. No entraré en el affaire Repsol, suficientemente analizado estos días. Voy a hablar de un tema mucho más prosaico: el desabastecimiento de bienes y la escasez obvia que se vive en la argentina de hoy, claramente perceptible en el comercio a pie de calle.

Faltan medicamentos, juguetes, libros, piezas de repuesto, tejidos, teléfonos móviles y hasta alimentos en los supermercados como consecuencia de las restricciones a la importación impuestas por los sucesivos gobiernos Kirchner. Darse una vuelta hoy por algún supermercado de la capital es casi retroceder a los viejos tiempos de la escasez soviética. No es una broma.

El problema arranca en 2008, cuando el gobierno argentina crea una lista de productos que sólo pueden ser importados con la emisión de una licencia previa (práctica, recordemos, permitida por la OMC). En la actualidad son más de 600 productos importados incluidos en esas listas. En teoría, el gobierno tiene que conceder o denegar la licencia de importación en menos de 60 días pero el empresariado argentino tiene que esperar en muchos casos más de 100 días hasta tener información.

Una vez obtenida la licencia, se necesita todavía una autorización de la secretaría de comercio interior, que impone a las empresas un volumen de exportación similar al de importación, cuota que -en muchas ocasiones- es absurda y desproporcionada. Mientras tanto las aduanas Argentinas están llenas de productos importados pendientes de una eventual liberación que difícilmente llega. Si no hay más desabastecimiento es por la previsión de muchos de sobreestocar a pesar del enorme coste financiero que supone.

El Gobierno se defiende alegando que esta política protege la industria nacional y los empleos, cosa cierta a corto plazo y ciertamente ruinosa a medio plazo. Por dos motivos. Ni la OMC ni los principales clientes comerciales de Argentina, que ya han amenazado con sanciones, van a permitir el cierre de la economía y, la obligación de consumir producto nacional de peor calidad y mayor coste no favorece en absoluto la competitividad de la economía productiva del país y si supone un enorme riesgo a largo plazo. El nacionalismo y el proteccionismo son flacos aliados de la productividad y la competitividad y si no, comparen la evolución de Vueling y Spanair, sin ir más lejos.

El gobierno argentino debería estar más preocupado acerca de cómo mejorar la salud de su economía eliminando el clientelismo político, reduciendo el peso de los sindicatos en la gestión de las empresas, favoreciendo políticas de innovación, competitividad e internacionalización en sectores donde son punteros (como el agroalimentario, por ejemplo) y dejarse de tantas zarandajas proteccionistas que lo único que hacen es perjudicar al más débil, porque, no nos olvidemos que la inflación se sitúa alrededor del 25% y eso, lo pagan todos.