Claves para entender el embrollo legal de Cosmos en Triacastela

Planta de Cementos Cosmos en Oural | Cementos Cosmos

Planta de Cementos Cosmos en Oural | Cementos Cosmos

AGE concluye que la concesión minera es ilegal sin declaración de impacto ambiental

R. Rodríguez

14/08/2014 17:22 horas

La mina de Vilavella, en el municipio lucense de Triacastela, da para escribir un libro. Está en el Camino Francés de la Ruta Xacobea, junto a Cova de Eirós, seguramente, el hallazgo más importante de arte rupestre del Estado desde Altamira, y forma parte del imaginario de los vecinos. Cuentan en Sarria que los peregrinos tomaban piedras en Triacastela para llevarlas a Santiago e utilizarlas en la construcción de la catedral. Lo que sabemos a ciencia cierta es que la caliza es excelente, con un nivel de pureza altísimo en los test de la fábrica de Oural, lo que permite a Cementos Cosmos, concesionaria del derecho minero, elaborar cementos especiales.

La compañía lleva décadas explotando la mina con licencias que se han ido sometiendo a revisión casi durante 30 años, hasta que hace semana y media logró la autorización del Ayuntamiento de Triacastela para retomar la actividad. No había pasado un año desde la última vez que se suspendió, en un clima de tensión por la paralización de la fábrica gallega del grupo, la de Oural en Sarria. La Asociación Socio-Cultural O Iribo denunció que operaba sin licencia municipal, la alcaldesa lo confirmó y trabajadores y vecinos se plantaron en Vilavella para frenar los camiones que se dirigían a Toral de los Vados, la planta de la cementera en El Bierzo.

Reclasificación dudosa

La parálisis de la cantera duró hasta la semana pasada. Entre críticas de diversos colectivos por el daño que podría causar la actividad minera a Cova de Eirós, el Ayuntamiento concedió la autorización preceptiva a Cosmos para retomar la actividad, cosa que hizo. Pero el asunto no quedó zanjado.

AGE ha llevado al Parlamento gallego la polémica mina aludiendo a dos irregularidades. Primero, en el proceso de regularización que emprendió el Gobierno bipartito de la Xunta al amparo de la LOUG. Cosmos contaba con la acreditación de la Dirección Xeral de Minas de que su actividad era anterior a 2003 por lo que el derecho minero en su poder fue automáticamente renovado.

El problema es que pasó de una mera autorización de la sección A, un aprovechamiento sencillo, a una del tipo C, una concesión de explotación, según relata la formación política. Esta “modificación sustancial” supondría, según la iniciativa presentada en el Parlamento por AGE, la necesidad de contar con una declaración de impacto ambiental aprobada. No contar con el trámite ambiental “incurre en causa de nulidad de pleno derecho”.

Licencia condicionada

En segundo lugar, AGE expone que la licencia municipal otorgada a Cosmos está condicionada al cumplimiento de determinadas exigencias, como puede ser, un plan de conservación del Camino de Santiago y de Cova de Eirós, además de resolver un expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que lo obliga a legalizar unas obras de ensanche de la mina que la compañía ejecutó sin licencia de este organismo.

A este respecto, en el escrito presentado por el diputado Antón Sánchez, se especifica que Cosmos debe dar cumplimiento a dichos condicionantes antes de retomar la actividad y que ni siquiera la licencia condicionada puede otorgarse debido al cambio sustancial en la concesión.

Expediente en el Ayuntamiento


Hay todavía un fleco pendiente más para Cosmos. En su momento, el Ayuntamiento de Triacastela abrió un expediente a la cementera porque en su actividad en la mina cubrió varios caminos que servían de paso a varias localidades de la zona.

Fue motivo de polémica ya que coincidió con la aplicación del ERE en la fábrica de Oural. La compañía propuso habilitar una ruta alternativa a las vías cortadas pero, según relatan los vecinos, obligaba a dar un largo rodeo que alargaba en varios kilómetros el camino original. El expediente, según explica AGE, continúa abierto.

[Descarga aquí la proposición no de ley presentada por AGE en el Parlamento]

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