¿Anticorrupción guarda algún «as» en la manga en el caso Pujol?

Máxima preocupación en CiU por las maniobras del Ministerio Público para obtener datos o testimonios que apunten al pago de comisiones

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La Fiscalía Anticorrupción está convencida de que sin los datos que, eventualmente, aporte la banca andorrana, de Suiza o de Lienchestein, hoy por hoy, lo tiene crudo para imputar a Jordi Pujol i Soley un delito de blanqueo, o de cohecho o de trafico de influencias.

De momento, los bancos de esos paraísos fiscales se niegan a aportar el registro de los movimientos bancarios de las cuentas de los Pujol porque la justicia española no les ha acreditado que el dinero evadido procede de la comisión de algún delito. La declaración de los Pujol, prevista para el martes 27 se prevé, pues, estéril. 

Se busca delator

Hasta ahora, la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagot y el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, no han podido concretar ese «delito antecedente». De momento nadie, ni un «buen samaritano», ni un denunciante suicida, se han personado en la fiscalía o en el juzgado, con papeles o con un testimonio que acredite, o al menos sugiera, que los Pujol se acopiaron de una fortuna en Andorra gracias al acaparamiento de comisiones ilegales por la licitación irregular de contratos u obra pública.

Los «buenos samaritanos» no abundan. Y los suicidas, menos. Cabe recordar, en este sentido, que el delito de cohecho castiga por igual al político que cobra el «sobrecito» y al ciudadano que lo paga.

La fiscalía, pesimista

Así, la fiscalía, sin los datos bancarios, sin un «buen samaritano» o un delator suicida que quiera inmolarse, lo tiene mal para imputar a los Pujol algo más que un delito fiscal. Y en este país, el delito fiscal es el chocolate del loro.

Conviene recordar, en este sentido, que los miembros del clan Pujol o se han acogido a la amnistía fiscal del ministro Montoro o han regularizado su situación con Hacienda pagando religiosamente todo el montante de la millonaria multa.

Como decía un veterano fiscal: «Podríamos decir que en cualquier país civilizado, el código penal ampara la máxima de quien la hace, la paga. Pero, desgraciadamente, para según qué esferas del poder político y económico de este país nuestro, el que la puede pagar, la puede hacer». Y si no que se lo digan a Messi o a Caballé que, salvo por el escarnio público, se han salido prácticamente de rositas tras pasar por caja. Entonces…, ¿qué sentido tiene el interrogatorio a los Pujol de este martes?

Obligados a conocer la verdad

Una fuente próxima a la fiscalía ha comentado a Economía Digital que «es lógico que la juez haya citado ahora a los imputados cuando ya han trascurrido varios meses desde que aceptó la querella inicial».

Esa misma fuente, sin embargo, reconoce que están faltos de munición incriminatoria. Y añade, en esa línea, que «como lo sabemos, y estamos convencidos de que es imperativo conocer el origen del dinero evadido por Jordi Pujol ante las múltiples sospechas (que no evidencias) de delito hemos puesto en marcha todos los mecanismos legales a nuestro alcance para dotarnos de información precisa y sensible».

La fiscalía quiere cambiar cromos

«Como en no pocos casos anteriores, a veces –dice este ex fiscal– algún imputado allí, nos puede ayudar a nosotros aquí, para que nosotros le correspondamos allá. ¿Me entiendes?» Esta pregunta retórica, la formulaba esta semana a este medio, un ex fiscal experto en delincuencia económica.

Añadía: «La fiscalía no tiene dinero para pagar confidentes, pero si tiene la ley a su alcance y a más de un delincuente imputado o por imputar, le puede venir de perlas ayudar a la justicia». Según estas palabras, algo eclécticas, la fiscalía está escarbando en otros sumarios abiertos para recabar ayuda de cara al caso Pujol.

Pero asumen, con resignación, que no han de tener prisa. Admiten que, probablemente, no lleguen a tiempo para la declaración de este martes, pero «este es un camino largo y nosotros tenemos un motor diésel», explica una fuente próxima a la Fiscalía Anticorrupción.

La información ya circula

La UDEF, la juez y la fiscalía ya disponen de información. Alguien, desde hace un tiempo indeterminado, les está informando, aunque sea extraoficialmente o de forma camuflada. ¿ Alguien se cree que la UDEF entra en casa de Oleguer Pujol, acompañada por perros adiestrados en la detección de billetes de curso legal, por la pura intuición de los agentes?

La fiscalía tiene información, pero necesita blanquearla. Si no llegan a tiempo para este martes, (como es previsible), continuará la búsqueda de ese «garganta profunda» y si, finalmente, este objetivo resultase infructuoso, se pondrá en marcha el plan B. El mismo que se utilizó en el caso de los GAL, en el caso Turisme, el caso Estevil, o, ahora, en el caso Bárcenas.

El plan B consiste en «pasar» por la cárcel a un imputado durante una temporadita, hacerle sentir cabeza de turco y así provocar que tire de la manta. En el PP más de uno, desde hace dos días, apenas puede aguantar la respiración. Esto puede pasar en Cataluña en el marco del caso Pujol o en el resto de sumarios que afectan a sus hijos.

Miedo en CiU

¿Por qué algunos cuadros altos o intermedios de CiU están tan preocupados ante el devenir procesal del caso Pujol? ¿Por qué lo están algunos de sus familiares –hermanos, primos, hijos y cuñado? ¿Tienen miedo de que la fiscalía, o algún sindicato ultraderechista, o algún buen samaritano o algún suicida, les haga salir del armario de la impunidad en la que llevan 25 años refugiados? ¿Alguien se cree que sólo los Pujol, dentro de la órbita de CiU, tenían dinero en paraísos fiscales? ¿Alguno de estos evasores «afectados» piensa que la fiscalía será condescendiente con él?

Si es así, se equivoca. Como relató esta semana un fiscal de la Audiencia Nacional a este medio: «La rata lleva al conejo, y el conejo a la zorra». Y la fiscalía hace 30 años que busca trofeos en Cataluña para poder exponerlos en su salón.

Tirar de la manta

¿Qué pasará cuando algún cuadro alto o intermedio de la federación nacionalista entre en prisión si las pesquisas de policías, jueces y fiscales resultan positivas? ¿Cuántos legajos se desempolvarán? ¿Cuantos discos duros se van a eliminar si no se han eliminado ya? ¿Quién será el primero en lanzar la piedra, en salir del armario de la impunidad, en asumir el bochorno social, en reconocer que en Cataluña durante estos últimos 30 años, hubo quien robó a manos llenas y que lo hizo con la anuencia de…?

La mecha que la justicia prenderá el martes 27 puede conducirnos a esas respuestas. Hubo un tiempo que en este país se decía que la justicia dependía de Garzón. Hoy, al menos en Cataluña, parece que depende de los buenos samaritanos, los delatores suicidas o los arrepentidos. Mala cosa. Ese veterano fiscal experto en delincuencia económica sentencia: «Nunca he confiado en ellos, ni en los jueces estrella».

Economía Digital

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