Arranca la tramitación de la ley para inhabilitar a Mas

El Congreso de los Diputados ha dado este miércoles el primer paso para tramitar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) por el procedimiento de urgencia. Esta modificación legislativa, instada por el Partido Popular, tiene como objetivo obligar a los mandatarios políticos a cumplir con las decisiones que tome el Alto Tribunal.

La reforma, que se impulsa con la mirada puesta en Artur Mas y su futuro posible desprecio a las sentencias del TC, plantea que sea el propio Tribunal quien se encargue de que sus fallos se cumplan. El legislador pone para ello una serie de herramientas en manos de los jueces.

Multas coercitivas

En primer lugar, les permite «imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones». En caso de que esa táctica no resulte efectiva, los magistrados estarán autorizados para «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento».

Además, la reforma prevé que el Tribunal pueda solicitar la colaboración del Gobierno español para que «adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones». Y da también permiso a los jueces para que inicien en su caso las oportunas acciones penales que pudieran corresponder.

Aprobación antes de que acabe la legislatura

Con la tramitación de urgencia, la reforma podría estar lista en diciembre, antes de que acabe la legislatura. La nueva ley del Constitucional cuenta con el rechazo de toda la oposición, pero se aprobará con toda seguridad gracias a la mayoría absoluta del PP. Y estará en vigor tras la elecciones catalanas por lo que el Gobierno central podría aplicarla si Mas opta por la vía de la desobediencia.