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Colau deberá explicar este viernes si piensa tirar adelante los acuerdos adoptados en sendas comisiones municipales para frenar la ocupación de viviendas

Barcelona, 31 de marzo de 2017 (05:00 CET)

En el pleno de este viernes, el concejal popular Alberto Fernández exigirá la creación de una oficina antiokupas y la anulación del protocolo de actuación de la Guardia Urbana en desalojos de viviendas ocupadas. El presidente del grupo del PP formulará estas peticiones en el turno de ruegos y preguntas porque estas dos medidas, aunque han sido aprobadas en las correspondientes comisiones municipales, no se han incorporado en el orden del día.

En la comisión de derechos sociales del pasado 21 de marzo, la popular Ángeles Esteller consiguió que se aprobase la creación de una “oficina antiokupas” para asesorar a los propietarios afectados por ocupaciones ilegales. La medida se acordó por dieciocho votos a favor (CiU, Ciudadanos y PP) y quince en contra (del equipo de gobierno de Barcelona en comú y PSC) gracias a la abstención de ERC y a la ausencia de la CUP.

Okupas: el PP exige crear una oficina para asesorar a los propietarios de viviendas ocupadas

Un día después, en la comisión de presidencia y seguridad, Esteller consiguió que se aprobase  otra moción para dejar sin efecto el protocolo de actuación de la Guardia Urbana en desalojos de viviendas ocupadas. Esta vez, la moción prosperó porque, antes de la votación, se ausentó la concejal socialista Carmen Andrés, de manera que el equipo de gobierno quedó en minoría. El polémico protocolo establece que los agentes deberán impedir desalojos de viviendas ocupadas por parte de sus propietarios si se realizan sin orden judicial.

Recordaran a la alcaldesa los acuerdos adoptados en comisión

Esteller considera que el gobierno de Ada Colau está obligado a cumplir estos “mandatos políticos”. Para recordárselo, en el pleno de este viernes, Fernández emplazará a la alcaldesa a definirse sobre si piensa cumplir las medidas antiokupas aprobadas en los últimos días en sendas comisiones municipales, según informan fuentes del grupo popular.

Respecto a las oficinas antiokupas, Fernández propone que la labor de asesoramiento a los propietarios afectados se realice desde las actuales oficinas de vivienda de los distritos. Fernández considera “vergonzoso” que las ocupaciones hayan pasado de 642 a 1.065 en sólo medio año, de final de 2015 a julio de 2016, según consta en una respuesta del equipo de gobierno a una pregunta del grupo popular. Desde el PP se subraya que las ocupaciones ilegales están creciendo en Barcelona gracias a la alcaldesa Colau.

Fernández también carga contra la política de vivienda del gobierno municipal. Recuerda que, durante 2016, tan sólo se han acabado 150 pisos sociales cuando el concejal responsable de esta área, Josep Maria Montaner, prometió 800 anuales. Señala que, desde que es alcaldesa, han continuado los desahucios pese a que también prometió pararlos. Afirma que muchas personas no pueden acceder a un piso mientras “Colau reconoce derechos a las personas que ocupan ilegalmente viviendas sociales”.