Colau usa papel mojado para volver a la carga con la multiconsulta
El gobierno de Colau tacha de "ilegal" el 'no' a la multiconsulta en base a un dictamen no vinculante, mientras espera el de los servicios jurídicos
El gobierno de Ada Colau ha puesto en marcha la maquinaria para reactivar de alguna forma la multiconsulta que el pleno municipal le tumbó hace dos semanas. De momento, solo hay ruido. La primera palanca para desatascar la iniciativa ha sido un dictamen no vinculante de la comisión de amparo del Consejo de Ciudad, un organismo creado cinco días antes de la derrota de Colau y que ha tenido como primer encargo evaluar la pertinencia de la votación. Y la conclusión de la comisión es que buena parte de los votos negativos de los concejales a las dos preguntas de la multiconsulta no eran válidos.
El informe lo solicitaron la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y las entidades impulsoras de la multiconsulta, que ya advirtieron que impugnarían la decisión y que este jueves han pedido que, en base a la resolución, el pleno de mañana, viernes, aborde el asunto para que los partidos políticos reconsideren su posición.
Colau admite que la secuencia lógica tiene que pasar por el recurso de reposición y la posterior resolución de los letrados del consistorio
Pero el gobierno municipal ya ha dejado claro que el tema no irá en el orden del día del pleno del viernes con el argumento de que el dictamen emitido «no es vinculante», pese a insistir en que el documento certifica que la votación fue «ilegal», en palabras del teniente de alcalde Jaume Asens.
El ejecutivo de Colau admite que la secuencia lógica tiene que pasar por un recurso de reposición, el cual ya ha sido anunciado por las entidades. Es decir, que el asunto va para largo. Pero mientras tanto, a lo que no renuncia en el corto plazo es a hacer ruido y afearle su postura a la oposición.
La clave, el reglamento
El meollo del asunto radica en el reglamento de participación, aprobado el año pasado para dar cobertura a la celebración de multiconsultas con los votos a favor de Barcelona en Comú (BC), el PSC, ERC y dos de los concejales de la CUP, el voto en contra del tercer edil cupero y la abstención del resto.
El reglamento establece en el artículo 74.3 que, en caso de cualquier consulta planteada por iniciativa ciudadana, el pleno solo puede denegar su celebración con mayoría simple si la pregunta «no se adecúa al marco jurídico». Precisamente ese artículo ha sido objeto de uno de los recursos presentados contra el reglamento, el de la delegación de gobierno en Cataluña, que considera que vulnera la ley de bases de régimen local.
Tanto Colau como los impulsores de las dos preguntas entienden que los grupos no esgrimieron argumentos de cariz jurírico, y por tanto, su voto no es válido.
Lo que dice el informe de la comisión es que Cs, PSC y PP sí fundamentaron sus negativas en una supuesta «falta de adecuación de las consultas al ordenamiento jurídico» y, por tanto, sus votos sí valdrían. Pero que no lo hicieron, y en consecuencia los suyos deberían ser invalidados, ni el Pdecat, ni la CUP, que votó a favor de la pregunta sobre el cambio de nombre de la plaza de Antonio López pero en contra de la referida a la remunicipalización del agua.
Papel mojado
La recomendación de la comisión, en consecuencia, es volver a contar votos en base a este criterio, con lo que la pregunta sobre el agua y la plaza quedarían aprobadas respectivamente con 16 y 19 votos a favor (los de BC y ERC en el primer caso y esos más lo de la CUP, en el segundo). En ambos casos, habría 12 en contra válidos (los de Cs, PSC y PP) y la abstención del concejal no adscrito Gerard Ardanuy. Pero todo es papel mojado.
La CUP ya pidió disculpas por haber votado contra la pregunta sobre la remunicipalización
Las entidades plantean que los grupos contrarios reconsideren su postura, como ya hizo la CUP, que pidió disculpas por haber votado contra la pregunta sobre la remunicipalización.
Pero, pese a todo eso, y pese a la insistencia en el «importante valor politico», en palabras de Asens, de un dictamen que supone «otra oportunidad» para que los grupos municipales rectifiquen, el gobierno municipal, consciente de que el documento no tiene ninguna validez ni más peso que el de poder ser usado como arma arrojadiza, esperará al dictamen de los servicios jurídicos.
Comisión ad hoc
Las entidades impulsoras de las preguntas de la multiconsulta, que aseguran que aún no disponen del acta del pleno de la discordia, disponen a partir del momento en que la reciban de un mes para presentar el recurso de reposición, y los letrados del consistorio no tienen un plazo límite para resolver su encargo, admite Pin.
La comisión de amparo, prevista en el reglamento de participación y que cuelga del Consejo de Ciudad, no se constituyó hasta el pasado 5 de abril, cinco dias antes del pleno sobre la multiconsulta. Está integrada por seis miembros: dos propuestos por el gobierno municipal, dos por el pleno, uno por el Consejo de Ciudad y uno por la Sindicatura de Greuges de Barcelona. El de la multiconsulta es el primer dictamen que ha presentado.
