Dos ex directivos de Sant Pau, al banquillo de los acusados por un contrato irregular

Un año más tarde de lo previsto, el primer caso derivado de la investigación del Hospital Sant Pau llega a juicio. El magistrado instructor número 22, Juan Emilio Vilá Mayo, ha dictado el auto de apertura de fase oral contra dos ex directivos de Sant Pau por estafa. El principal acusado, Juan Ignacio Cuervo, se enfrenta a una pena de tres años por haber engañado al Institut Català de la Salut (ICS) para lograr un sueldo cuando ya cobraba del propio centro sanitario. Sobre su compinche, el gerente del hospital Jordi Varela, recae una petición de dos.  

La historia se remonta a finales de 2010. Por aquel entonces, Cuervo (PSC) acababa de ser cesado como delegado de la Generalitat de Catalunya en Madrid tras la entrada del nuevo Ejecutivo catalán liderado por Artur Mas. El también ex concejal socialista en Barcelona debía regresar al ICS como funcionario aunque sin plaza asignada porque su categoría laboral (inspector médico) ya no existía y con un sueldo menor al que había percibido hasta ese momento (unos 80.000 euros).

Contactos con el ICS

Es en ese momento, cuando se pone en contacto con el gerente de la fundación de gestión sanitaria del Sant Pau. «Ambos acusados recurrieron a un plan que mantenía a Cuervo en la administración, pero con una mayor remuneración, donde el grueso de la misma fuera asumida por el ICS y no por el Hospital de Sant Pau». La estrategia consistía en ocultar al director de la empresa pública sanitaria, Jordi Argelagués, que en realidad Cuervo también percibiría un sueldo procedente del Sant Pau.

Durante 2011, cobró 60.000 euros del ICS, y 50.000 del Sant Pau. Pese a que el sueldo percibido directamente por la empresa que gestiona los hospitales públicos catalanes era únicamente para seis meses, el ex delegado de la Generalitat en Madrid logró una ampliación de plazos. En 2012, percibió otros 60.000 euros, además de 8.300 del centro sanitario. Al conocer los detalles de la contratación, los trabajadores, a través de su abogado Vicente López Mourelo, denunciaron la situación.

Retraso en el juicio

El fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, tenía todo listo hace un año para encausar a los dos altos cargos por estafa de funcionario público. No obstante, cuando la causa ya se encaminaba hacia el juicio, se dio cuenta que existía un error procesal y que este caso debía ser juzgado por un jurado popular.

En su escrito, el fiscal aseguraba que, dada la sencillez de la trama, el cambio formal no debería generar dilaciones apreciables.

El caso Sant Pau

Las pesquisas sobre el Hospital de Sant Pau continúan. En instrucción aún queda una parte de la causa centrada en la Fundación Patrimonal del centro sanitario. Se investiga si los fondos de la fundación privada se destinan a fines sanitario o, como se sospecha, al pago de sueldos y de operaciones externas (la mayoría en el sector inmobiliario). 

Estos hechos se deben enmarcar en un momento de crisis económica –y recortes sanitarios– que afectó de lleno al centro sanitario. El Hospital de Sant Pau se ha visto afectado por tensiones de tesorería graves, que ha puesto en pie de guerra a los trabajadores por los numerosos retrasos en las nóminas.