El fiscal muestra al soberanismo las “cloacas” catalanas
La irrupción del fiscal del caso del 3% en la Generalitat para mostrar las “cloacas” catalanas provoca el enroque del soberanismo contra el Estado
El fiscal José Grinda ha provocado un nuevo boquete en el soberanismo, al mostrar las “cloacas” catalanas. La irrupción de los agentes de la Guardia Civil, por delante del propio fiscal, en el Palau de la Generalitat, en el Parlament, en el departamento de Justicia y en el CTTI, el Centro de Telecomunicaciones, constituyó este jueves un nuevo paso hacia un choque político que el Gobierno catalán no deja de alentar.
El fiscal sigue la investigación del caso del 3%, que afecta al exconsejero Germà Gordó, quien declarará como imputado este lunes en el TSJC. El objetivo de los agentes era encontrar o reconstruir la agenda de Gordó, con sus contactos públicos y privados que, de forma misteriosa, ha desaparecido.
Lo que ha querido señalar Grinda, aunque centrado en la causa del 3%, es que las “cloacas” catalanas existen, y apuntan a una financiación irregular de la principal fuerza política que gobernó la Generalitat durante años, Convergència Democràtica. Cuando el movimiento soberanista ha lanzado una ofensiva contra las “cloacas del Estado”, envalentonado con un reportaje impulsado por el empresario de la comunicación, Jaume Roures, emitido en TV3 en prime time y que tuvo un 30% de la audiencia en ese momento, ha llegado esa irrupción de la Guardia Civil que supone un golpe de realidad.
El soberanismo se ha visto animado con el reportaje de Jaume Roures sobre el ministerio de Interior
La investigación sobre el caso del 3% no ha bajado en ningun momento de intensidad, pese a la polémica que se generó con el ya exfiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que quiso relevar del caso a los jueces que lo seguían. Que Grinda siga al pie del cañón supone que el decreto que firmó Moix, y que fue apoyado por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no ha servido para nada. El nuevo fiscal, Alejandro Luzón, no ha tocado a los fiscales, y, tanto Grinda, como el fiscal Fernando Bermejo, también en la causa, siguen buscando pruebas del llamado 3%.
¿Era necesaria la operación de este jueves? Todo obedece a la investigación, pero el soberanismo ha interiorizado, y así lo expone, que cualquier actuación de los poderes del Estado supone una muestra de la “deriva autoritaria”. El grado de gesticulación se exhibe con las palabras del presidente Carles Puigdemont, que llegó a decir en su cuenta de twitter que es, poco menos que una ilusión, creer en un estado de derecho. Es más: “Abandonad cualquier esperanza de regeneración. Sólo los fanáticos defenderán que ésto es un estado de derecho y una democracia sana”. Sí, son palabras del presidente de la Generalitat, el representante –todavía– del Estado en Cataluña.
Puigdemont y todo su gobierno se ha agarrado al reportaje Las cloacas de Interior, que ha elaborado Jaume Roures, –en el que se narra la supuesta creación de una policía política en contra del independentismo y de otros movimientos como el de Podemos, impulsada por el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz-– para justificar el movimiento independentista. “No hay nada que hacer”, repite Puigdemont.
La investigación del 3% partió de una denuncia de una concejal de ERC en El Vendrell
Pero la investigación de la causa del 3% proviene de la denuncia de una concejal de Esquerra Republicana, Montserrat Gasull, en el Ayuntamiento de El Vendrell, y que falleció recientemente. La causa fue admitida a trámite, y el TSJC imputó a Germà Gordó, ex secretario del Govern, con Artur Mas, y consejero de Justicia. Se le acusa de ejercer de intermediario con el mundo económico para lograr donaciones para Convergència a cambio de un trato de favor en la concesión de obra pública, con una arquitectura similar a la que, supuestamente, también se empleó en el Palau de la Música, cuyo caso está pendiente de la sentencia.
La actuación de la Guardia Civil se une a la decisión del Tribunal de Cuentas, que ha rechazado un recurso de la Generalitat para detener la causa judicial, y que supone iniciar el proceso para dirimir la responsabilidad contable de los organizadores del 9N. Eso implica que Artur Mas, Francesc Homs, y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, deberían responder con su patrimonio hasta cubrir los 5,2 millones que costó la consulta. Todo ello ha servido para que el gobierno catalán se enroque, y denuncie un supuesto “giro autoritario del Estado”.
Artur Mas ha llegado a decir que España es «un estado de no derecho»
Esa será la dinámica a partir de ahora, mientras el presidente Mariano Rajoy, que inauguró un parador nacional en Lleida, insistía en que no se puede dialogar si el Ejecutivo catalán mantiene su proyecto para celebrar el referéndum.
Puigdemont quiere que cale su mensaje en la sociedad catalana, para aumentar la presión en las próximas semanas. Contará con el fervor de las entidades soberanistas como Òmnium Cultural y la ANC, que explicarán la ley de transitoriedad jurídica a través de una campaña a partir de este fin de semana. Todo está dispuesto para elevar la temperatura, exhibiendo la consigna: “España es un estado de no derecho”, según Artur Mas, muy preocupado e irritado por la decisión del Tribunal de Cuentas.
El soberanismo está esperando más gestos del Gobierno, y si puede ser algún error de calado. Entiende que si se produce alguna sobreactuación –y el operativo de la Guardia Civil, a su juicio, podría caber en esa calificación– tiene opciones de que una mayoría aplastante de catalanes apoye el referéndum, o se movilice en las calles.
El Gobierno mantiene su estrategia de no hacer nada más que lo necesario. Y los fiscales siguen sus investigaciones. Pero el independentismo va contando con algunos apoyos que sirven de acicate, como esa repentina pasión de Roures por fimar los propios reportajes de su propia productora, Mediapro.
