El fiscal pide diez años de cárcel para ex altos cargos de CiU por el caso Adigsa
Los tres ex responsables de la empresa pública están acusados de malversación, tráfico de influencias y prevaricación
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado su escrito de acusación por el caso Adigsa. El Ministerio Público pide penas de hasta 10 años para los acusados de esta trama. Entre ellos, destacan los tres ex responsables de la empresa pública en el último gobierno de Jordi Pujol (CiU). Están acusados de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
Esta causa se remonta diez años atrás. El fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, relata como el «consejero delegado de la compañía, Josep Antoni Fontdevila, impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma, el también acusado Penin Manera, al cual presentó como un supuesto técnico externo y lo insertó arbitrariamente en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresarios particulares”.
La investigación del caso ha girado entorno a pagos a Penin por labores de tasación que supuestamente no cometió y sobre la adjudicación de obra pública que el mismo experto gestionaba sin necesidad de atenderse a los parámetros de contratación pública y con sobrecostes que enriquecían a la trama empresarial.
Penas
El fiscal, Emilio Sánchez-Ulled, pide penas de hasta diez años para los tres ex altos cargos convergentes. Fontdevila se enfrenta a una petición de diez años justos mientras que Xavier Sala, responsable económico, y Jordi Huguet, director técnico, a nueve años y seis meses. Para el intermediario José María Penin, las exigencias se rebajan a cinco años.
El constructor José Antonio Salguero, personaje clave en la investigación ya que su confesión fue determinante para la causa, se enfrenta a una petición de condena de un año y medio. Además, también están acusados otros dos constructores Jordi Honrubia y Ángel Egido, a los que se les solicita casi cinco años de pena.
También exige a Penin y Fontdevila 30.000 euros de indemnización a la entidad sucesora de Adigsa. Por otra parte se exigen otros 130.000 euros a los mismos acusados y a Huguet y Sala.
Otros salpicados
Este caso puso en un brete a CiU. El president de la Generalitat, Pasqual Maragall, realizó una dura acusación en un pleno del Parlament donde señaló que el partido cobraba una comisión del 3% por adjudicar obra pública.
En un inicio, la investigación también imputó a Ferran Falcó, que por aquella época era presidente de Adigsa. El político retrasó la investigación al entrar en las listas de la federación nacionalista. Su parte de la causa pasó a cargo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que lo ha acabado exonerando.
La investigación de la Fiscalía estuvo a punto de salpicar mucho más arriba. En su primera declaración, Penin afirmó que tanto el entonces consejero de Obras Públicas, Felip Puig, como el ex número dos de Convergència, como Oriol Pujol, conocían las irregularidades. No obstante, el tasador no se ratificó ante el juez.
