El Govern ultima ‘en silencio’ otra privatización: una planta de tratamiento de residuos industriales
La oposición denuncia que se malvende un activo "muy delicado" por 42 millones de euros
La ola de privatizaciones iniciada por la Generalitat sigue su curso. Las necesidades de caja han llevado al Govern a iniciar la privatización de la planta de tratamiento de residuos industriales Ecoparc, situada en Constantí (Tarragona). El Govern ha puesto precio al activo –que depende del departamento de Territori i Sostenibilitat– en 42 millones y espera tener resuelta la venta del 100% de las acciones en los primeros meses de este año, cuando acaba la concesión vigente. Sin embargo, la iniciativa ha indignado la oposición, quien indica que no se ha informado sobre un proceso que afecta a un activo “muy delicado” en materia de medio ambiente.
El Ecoparc ha sido polémico desde su nacimiento. La Generalitat trabajó en la década de los 90 con los gobiernos locales para tranquilizar y dar garantías de que la planta extremaría las precauciones medioambientales. Prueba de ello son los diferentes acuerdos que se mantiene con estas localidades en cuanto a controles y compensaciones, recuerda el diputado socialista, Xavier Sabaté. En este sentido, tanto PSC como ICV critican que la privatización se ha realizado sin informar al territorio de lo que ocurría.
Malvender
Sabaté carga contra el Govern porque “ha empezado a malvender activos para hacer caja” sin pensar en las consecuencias. “Sólo la Generalitat ha invertido más de 90 millones en esta planta”, dice el político. Con el proceso, el Govern da respuesta a una vieja petición de las compañías privadas que gestionan la planta –Comsa Emte, Ecocat y Basf– mediante una concesión a la UTE Gestió de Residus Especials de Catalunya S.A. (Grecat).
“Las mismas empresas intentaron cambiar el modelo cuando acudieron a los tribunales para denunciar a la Generalitat porque el negocio no les era rentable”, explica el diputado de ICV, Salvador Milà. Pese al pleito, la iniciativa no fue más allá. El TSJC desestimó el pleito.
Ley de presupuestos
Sin embargo, finalmente la compañía se privatizará gracias a la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 2012. Entre otras cosas, el documento en cuestión modificó la norma reguladora de residuos de tal forma que dio vía libre a que el sector privado pueda gestionar este tipo de negocios. “La incineración de residuos industriales especiales requiere la máxima supervisión administrativa dado los peligros que entraña para el medioambiente”, asegura Milà.
