ERC cambia de abogados en plena discusión sobre su estrategia jurídica

Forcadell, Mundó, Simó y Bassa dividen sus defensas, mientras Junqueras y Romeva permanecen junto a Van den Eynde

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Desde que los dirigentes independentistas comenzaron a desfilar por los tribunales los cambios de estrategia jurídica y de abogados han sido continuos. La última maniobra en este sentido corresponde a Carme Forcadell, Carles Mundó, Anna Simó y Dolors Bassa -todos ellos de ERC-, a quienes ya no representará Andreu Van den Eynde, el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva.

A partir de ahora, a Forcadell y a Simó las defenderá Olga Arderiu, del despacho MDA Abogados & Lexartis; a Mundó, el letrado Josep Riba, del gabinete jurídico Fermín Morales, y a Bassa, Núria Martí desde su propio despacho. Van den Eynde, sin embargo, aseguró a Europa Press que mantendrá la coordinación de las defensas de los dirigentes de Esquerra.

Los soberanistas intentan salir airosos de sus trances judiciales y no han dudado en revisar sus estrategias e incluso en cambiar de criterios políticos ante el juez. Varios exconsejeros del Pdecat encarcelados por la Audiencia Nacional también cambiaron de abogado en su momento. Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull y Meritxell Borràs relevaron como defensor a Jaume Alonso-Cuevillas, que sigue siendo uno de los letrados de Carles Puigdemont junto a Paul Bekaert en Bélgica.

En la actualidad, Rull y Turull están siendo defendidos por Jordi Pina, del bufete Molins & Silva, mientras que a Forn lo representa el despacho de Cristóbal Martell, y a Borràs el abogado Xavier Melero, todos ellos reputados penalistas que han defendido históricamente a dirigentes de CiU.

En el entorno de Junts per Catalunya admiten que hay «tensiones» entre el conjunto de abogados que defienden a los dirigentes independentistas. Las discrepancias están relacionadas con la oportunidad y el criterio de la estrategia jurídica de cada uno. Forcadell fue la primera en provocar cambios de estrategia entre los encausados, ya que fue la primera en acatar ante el juez y ante la fiscalía la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

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