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El alcalde de Sallent, David Saldoni, figura emergente del partido de Artur Mas, debe decidir si se enfrenta al juez o al grupo minero Iberpotash

Josep Maria Casas

Economía Digital

Iberpotash, filial del grupo israelí ICL, explota las minas de Sallent y Súria. En la imagen, el proceso de carga de potasa en las instalaciones de Súria.

Barcelona, 19 de junio de 2017 (06:55 CET)

Como alcalde de Sallent (Barcelona), David Saldoni deberá tomar una decisión sobre los vertidos salinos de la empresa minera Iberpotash en la escombrera del Cogulló: o bien ordena su cese inmediato a partir del 30 de junio, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), o los sigue permitiendo, de menara que incumpliría una resolución judicial.

Saldoni es una figura emergente del Pdecat, la nueva formación de Artur Mas. Es el responsable de política municipal y, también, el coordinador de los asesores del partido en la Diputación de Barcelona que preside Mercè Conesa. Si incumpliese la resolución judicial pondría en peligro su carrera política.

El TSJC emplazó a la Generalitat y a Iberpotash a fijar una fecha para el cierre de la escombrera de residuos salinos del Cogulló. Hace tres años decidieron que sería este 30 de junio, pero la empresa minera acaba de presentar un incidente de ejecución de sentencia por el que solicita una moratoria de dos años más. El parlamento catalán apoya esta posición, pero todo depende del juez.

El dilema del alcalde

Si el juez competente del TSJC no adopta ninguna decisión antes del viernes 30 de junio, Saldoni se encontrará el lunes 3 de julio, el primer día laborable después de cumplirse el plazo, ante un dilema: puede ordenar el cierre de la escombrera, con lo que va en contra de los intereses de Iberpotash y de la resolución del parlamento catalán, o desoye al juez, con lo que se arriesga a una acusación judicial. La decisión corresponde al alcalde Saldoni por tratarse de un incumplimiento urbanístico.

No sería el primer político que se mete en líos judiciales por las actuaciones de Iberpotash. Un juez de Manresa imputó en 2014 al alcalde de la vecina Súria, Josep Maria Canudas (CiU), a los tenientes de alcalde y a dos técnicos municipales por la licencia de obras para la construcción de una infraestructura de acceso a las minas de su localidad. Precisamente, Iberpotash se escuda en el retraso de esta obra, una rampa que desciende a 900 metros de profundidad. Argumenta que mientras no este acabada, no cerrará la mina de Sallent y su escombrera para concentrar toda la producción en Súria. La empresa se comprometió a tenerlo todo a punto este 30 de junio, pero ahora pide una moratoria hasta 2019.

Cargos de la Generalitat imputados

Otro juez de Manresa también imputó en 2015 tres altos cargos de la Generalitat –Josep Enric Llebot, Assumpta Ferran y Jordi Agustí- por un presunto delito de prevaricación ambiental relacionado con Iberpotash. La denuncia partió de la CUP.

La CUP es el único grupo parlamentario que el pasado jueves se opuso a la proposición en favor de Iberpotash. Los partidarios del cierre de la escombrera del Cogulló (entridades ecologistas y asociaciones vecinales de Sallent) interpretan la resolución parlamentaria como una presión al juez. La diputada Anna Gabriel considera injustificado que el parlamento dé “cobertura política” a una empresa para que continúe vertiendo residuos pese a la existencia de una sentencia judicial.

Anna Gabriel: Iberpotash choca con una nieta y biznieta de mineros

Gabriel no es sólo una diputada de la CUP. Fue concejal de Sallent (2003-2011), incluso formó parte del equipo de gobierno con un alcalde de ERC, y es nieta y biznieta de mineros. Ella misma lo recordó en el parlamento.