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Un error judicial pospone el juicio del caso Adigsa, la primera investigación en torno a las mordidas percibidas por políticos de CDC a cambio de obra pública

Economía Digital

El constructor José Antonio Salguero (de espaldas, 3º por la derecha), junto al resto de acusados en la Audiencia de Barcelona, durante la primera jornada del juicio por el caso Adigsa. EFE/Marta Pérez

Barcelona, 02 de mayo de 2017 (12:00 CET)

"Ustedes tienen un problema, ese problema se llama 3%". Pasqual Maragall, entonces presidente de la Generalitat, levantó la liebre. Las palabras del político socialista insinuando las mordidas del 3% a políticos convergentes instaron a la fiscalía a investigar el presunto pago de comisiones en la empresa pública de vivienda Adigsa. Doce años después, el caso llega a los tribunales a través de un juicio que estaba programado para este martes pero que finalmente ha sido pospuesto hasta el 16 de mayo, debido a un error judicial.

La fiscalía pide penas de entre año y medio y diez años de cárcel para siete empresarios y excargos de Adigsa, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras. Esta misma causa comportó la imputación del entonces presidente de la empresa pública y exdiputado de CiU en el Parlament, Ferran Falcó, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo acabó exculpando en 2013. En los últimos días se han sucedido las negociaciones entre algunas de las defensas y la fiscalía, con el objetivo de lograr rebajar una condena que con toda probabilidad verán atenuada por dilaciones indebidas en la prolongada instrucción del caso.

A pesar de que esta investigación fue inicialmente bautizada como “la del 3%”, este nombre se lo ha acabado arrebatando el nombre la compleja causa que desde 2013 dirige un juzgado de instrucción de El Vendrell (Barcelona) sobre la presunta financiación ilegal de CDC, en el que están investigados el tesorero convergente Andreu Viloca, su antecesor Daniel Osàcar y otros cargos del partido.

Caso Adigsa: inicialmente bautizado como el caso del 3%, este nombre se lo ha acabado arrebatando la macro-causa que dirige un juez de El Vendrell

La Fiscalía inició su investigación sobre la presunta trama corrupta de Adigsa en 2005, días después de las insinuaciones de Maragall, pero finalmente solo halló indicios de una mordida del 20 % que el empresario arrepentido José Antonio Salguero confesó haber pagado a cambio de la adjudicación de obra pública de Adigsa.

La causa comportó la imputación del entonces presidente de Adigsa y después diputado CiU en el Parlament, Ferran Falcó, hasta que en 2013 la magistrada del TSJC, Núria Bassols, archivó las actuaciones en su contra, al entender que no estaba al corriente de las irregularidades en la empresa pública. Semanas después de que exculpara a Falcó, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU), fichó como responsable de política de Transparencia de la Generalitat a Núria Bassols.

Peticiones de pena

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, que instruyó el caso aunque no llevará el juicio por estar centrado en el proceso del Palau de la Música, pide diez años de cárcel para el exconsejero delegado de Adigsa, Josep Fontevila, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad. El ministerio público también pide nueve años y seis meses de prisión para el exgerente de Adigsa, Jordi Huguet, y para Jordi Sala, que era el encargado del mercado secundario de la empresa de vivienda pública. Asimismo, solicita 5 años de cárcel para el intermediario José María Penin -pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial, Felip Puig, que en la época dirigía el departamento del que dependía Adigsa-, por ser el encargado de adjudicar las obras a empresarios afines, obviando las normas de contratación pública.

Según el ministerio público, los exresponsables de Adigsa, que compartían "militancia y actividades políticas en CDC" con Penín, permitieron a este intermediario adjudicar "a dedo" obras públicas a empresarios afines, inflando los presupuestos. La Fiscalía sostiene que Fontdevila ordenó "caprichosa e injustificadamente" el pago de entre 3.000 y 4.000 euros a Penín "en la pretendida retribución de unas supuestas labores de tasación que nunca existieron" y se le encomendó que encargara obras de rehabilitación de vivienda pública a contratistas privados. De esa forma, la Fiscalía cree que los acusados desviaron 120.031 euros de Adigsa con el sobrecoste de los presupuestos, cantidad que ahora pide devuelvan solidariamente los imputados, y otros 28.895 por los pagos al pariente de Felip Puig