Junqueras antepone la recaudación a la soberanía de Cataluña 

De cliente a proveedor. Con este retoque que lo dice todo, la Generalitat trata de superar una de las lógicas antagónicas que estancan el procés. La Agència Tributària de Catalunya (ATC) inicia el rally de su implantación territorial con unos servicios centrales con capacidad para gestionar e inspeccionar.

La estructura de Estado más avanzada que tiene la administración autonómica dejará de utilizar los servicios que le brindan ahora la agencia tributaria española y otros organismos, como el Registro de la Propiedad, encargado hasta hoy de recaudar el impuesto de transmisiones patrimoniales.

¿Qué hará la Agencia Catalana?

La nueva Agencia, creada por el Departamento de Hacienda bajo la vicepresidencia económica de Oriol Junqueras, gestionará plenamente y sin muletas los impuestos transferidos a la Generalitat, como donaciones, derechos reales (transmisiones patrimoniales), patrimonio o los tramos del IRPF traspasados a las autonomías.

La ATC venderá información, gestión e inspección al Estado, o lo que es lo mismo será la primera piedra de una colaboración entre dos estados diferenciados. A pesar de su semblante utópico, la nueva Agencia es la parte del procés con más posibilidades de éxito.

Si como piensan muchos expertos de dentro del mismo Departamento de Hacienda, la independencia se queda algún día en pacto fiscal, la Generalitat tendrá a punto su única herramienta de bilateralidad realmente útil.

Cómo se financiará la oficina tributaria

La apuesta de Junqueras sorprende. Nadie está completamente a salvo de los malestares que provoca la perplejidad de su invento. En un año, la agencia catalana pasará de cuatro a 19 sedes operativas esparcidas por todo el país; de una plantilla «de 300 empleados a otra de 800, entre gestores tributarios, subinspectores e inspectores con plaza», indica una fuente oficial de la Hacienda catalana.

¿Con qué medios? Los cálculos del Departamento resumen que la primera fase de este despliegue podrá cubrirse con los fondos que la Generalitat destina ahora a otros organismos del Estado, que son los que recaudan realmente los impuestos cedidos, pero que dejarán de hacerlo en breve.

El despliegue, evitará los costes actuales de la recaudación externalizada de 37 millones (9,5 de recaudación ejecutiva que realiza la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 27,5 de oficinas liquidadoras de los registradores de la propiedad) frente a un aumento de costes futuro de 19,83 millones (3,23 de las nuevas oficinas y 16,6 del nuevo personal), lo que supone un ahorro de 17,2 millones anuales.

Definición de funciones

El Govern prevé asumir la totalidad de la recaudación ejecutiva -en colaboración ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales- en el primer semestre de 2017, y acabar este octubre el contrato con las oficinas liquidadoras, que actualmente gestionan el 54% de los impuestos cedidos a la Generalitat. «Lo haremos nosotros; y lo haremos de forma más eficiente», sentencia Junqueras.

La nueva política se interesa más por los flujos que por los límites. Los nuevos contornos de soberanía que defiende el Govern de Carles Puigdemont refuerzan la eficiencia del servicio; han dejado de distinguir entre lo interior y lo exterior. Junqueras le pone partitura a la música del president. Y su dueto suena mejor ahora que no está Artur Mas, empecinado en una hoja de ruta que, como ha demostrado el tiempo, solo puede sobrevivir a base de versatilidad.

¿Amago? ¿Engaño? Tal vez, pero Junqueras no practica el quietismo de sus sabios antecesores, Antoni Castells y Andreu Mas-Colell. Sabe al menos que la riqueza procede más de la movilidad que del estancamiento. La Generalitat quiere aprobar este mes la orden para la nueva estructura organizativa funcional y territorial de la ATC, y ponerla en marcha antes de fin de año.

También implantará un nuevo sistema informático para gestionar la recaudación de los impuestos actuales -nacerá con el impuesto de patrimonio y la tasa turística- y los que la Generalitat vaya asumiendo en el futuro. Hacienda ha refundado para ello la Dirección General de Planificación y Estudios Fiscales y ha puesto al frente a la profesora de Derecho, Montserrat Peretó.

¿Y en Madrid, qué dicen?

La agencia catalana y la Agencia Tributaria del Estado trabajarán colaborativamente, según el plan de la hacienda catalana. Aunque conociendo a Cristóbal Montoro, uno cae en la cuenta de que la verticalidad y la fiscalidad total de Madrid no son precisamente maleables.

¿Cómo evitará Junqueras un decreto ley del gobierno suspendiendo la autonomía fiscal catalana? «Esto no llegará, gracias a que nuestro despliegue es mucho más eficiente que la actual estructura de gestión tributaria, que deja mucho que desear», ha remarcado el vicepresidente y hombre fuerte de ERC en sus recientes comparecencias.

De Madrid a Bruselas, el proceso de unidad europea ha dejado en el camino un verdadero laboratorio de identidades múltiples y geometrías variables. La imbricación asimétrica de la que habló Ernest Haas no ha conseguido erosionar el Estado-nacional clásico, tal como se está viendo, este fin de semana, en la cumbre informal de Bratislava, en la que Paris, Berlín y Roma reclaman mayor soberanía en temas de seguridad y defensa.

Pero, en el campo económico, la evolución institucional y la lógica de los mercados señalan una multiplicidad de políticas fiscales a las que se exigirá eficiencia, el clavo ardiente al que se coge Junqueras, antes de admitir que ya renuncia al todo o nada.

A medida que se completan entamados institucionales intermedios, disminuyen las identidades excluyentes y ganan las dependencias transnacionales. En la idea inclusiva del pluralismo constitucional (que refuta la política española) se encuentra la superación de la soberanía indivisible. La dinámica social lo impone: «la vida es más fuerte que sus normas», escribió hace más de tres siglos Michel de Montaigne, precursor de Europa.