Las empresas estibadoras españolas se ven discriminadas con la liberalización del sector

Las empresas estibadoras españolas no ven clara la liberalización del sector. Aunque el Gobierno aún no ha presentado su proyecto, las informaciones que circulan no son precisamente positivas para los intereses de las firmas ya establecidas en alguno de los 28 puertos del país. Los empresarios consideran que el Gobierno les obliga a asumir los costes de transición entre el modelo actual y el futuro frente a sus competidores extranjeros que llegarán libres de carga.

El principal punto de desencuentro es que el Ministerio de Fomento planea que las firmas ya establecidas paguen la transformación de las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep) en Centro Portuarios de Empleo, con los costes añadidos que eso representa. Puertos del Estado les ofrece incentivos fiscales y reducciones de tasas, pero esas compensaciones no convencen a los empresarios.

El fin del modelo Sagep

El sistema de estiba español básicamente obliga a las firmas estibadoras a participar en Sageps. Estas sociedades, que tienen la exclusividad de los muelles, funcionan como bolsas de trabajo con unas condiciones laborales blindadas. Así, las empresas operadoras de los terminales portuarios tienen que contratar sí o sí a los estibadores de estas sociedades.

El Gobierno acabará con este modelo pero no lo hace con convicción. Debe dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2014 que cuestiona el bloqueo en la contratación libre de trabajadores. «Esta situación puede impedir a empresas de otros estados miembros establecerse en los puertos españoles de interés general para desarrollar en ellos una actividad de manipulación de mercancías», indica la sentencia.

Conflictividad

El nuevo modelo favorece en principio los intereses empresariales ya que elimina los acuerdos de régimen laboral especial que protege a los estibadores. El sector es opaco en cuanto a salarios pero, recientemente, Douglas Schulz, consejero delegado de la firma Noatum, aseguró que los costes laborales se comían el 52% de su presupuesto y señaló que España pagaba unos salarios desproporcionados al alza respecto el resto de Europa.

El problema es que las operadoras deberán asumir el paso de Sagep y de CPE y extinguir sus contratos. Además, previsiblemente, deberán enfrentarse a la conflictividad laboral que se derive del proceso y la más que probable convocatoria de huelga.

Negociaciones

La Comisión Europea ha dado el visto bueno al proyecto de liberalización. El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, viajó el lunes a Bruselas para reunirse con el máximo responsable de la materia en la UE, Dimitrios Theologitis, y presentarle el borrador del escrito. Fuentes conocedoras del encuentro aseguran que la conversación fue «constructiva» y que no se dio ninguna crítica al texto que la ministra de Fomento, Ana Pastor, presentará esta semana a sindicatos y patronal.

El Gobierno trabaja contrarreloj. La remodelación del sector debe ser aprobada como muy tarde en abril. No obstante, el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe actuar con cautela ya que un exceso de presión sobre el sector puede desembocar en una huelga, un panorama dramático para cualquier Gobierno –y más en año electoral– si se tiene en cuenta la importancia del transporte de mercancías por mar en España.