Madrid digiere con dificultad el euro por receta

El euro por receta ha convulsionado la vida social de Madrid. Una semana después, muchos farmacéuticos de la capital explican a diestro y siniestro las bondades y maldades de esta medida a unos ciudadanos que todavía no entienden por qué ahora tienen que pagar más por lo mismo.

Pero el caos social se ha trasladado a la vida política, algo que no sucedió hace seis meses cuando la Generalitat instauró el euro por receta en las farmacias catalanas. Hubo crítica pero mucho más moderada que la que ha recibido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzaléz, y el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.

Todos en contra

Todos los sectores están en contra del euro por receta. El Gobierno de Madrid se ha quedado solo. Desde los ciudadanos hasta los propios farmacéuticos, desde el Gobierno central hasta la oposición. Todo el mundo critica el copago farmacéutico, pero unos con más ímpetu que otros.

El ataque más duro procede del Partido Socialista. El secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, ha dicho que el presidente González, “ha contraído gastos muy importantes que salen de las arcas públicas a sabiendas de que será declarado inconstitucional y le exigimos que pare de inmediato esta medida y que pague de su bolsillo los gastos ocasionados”.

Querellas

Gómez ha explicado que la presentación de la demanda de responsabilidad patrimonial contra Ignacio González es una de las medidas que llevará a cabo el PSOE de Madrid, así como presentar u recurso de inconstitucionalidad. El objetivo del PSOE es frenar cuanto antes el euro por receta, “una tasa encaminada a desmantelar el sistema público y que está ocasionando trastornos importantes a los madrileños”.

Pero el ataque no es solo por el copago farmacéutico, sino también por el proceso de privatización de la gestión de los hospitales públicos madrileños. “El euro por receta ha sido la gota que ha colmado el vaso”, dicen fuentes socialistas. “Hay que pararlo cuanto antes”.

De momento, silencio

Una de las grandes diferencias del euro por receta de Madrid con el de Catalunya es el trato recibido desde Moncloa. El Gobierno de Mariano Rajoy ha criticado la medida en innumerables ocasiones hasta el punto de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el ejecutivo de Artur Mas.

Sin embargo, con el caso de Madrid, el Gobierno central todavía no ha dicho nada al respecto. Fuentes cercanas a presidencia aseguran que Moncloa ya está trabajando para llevar al Alto Tribunal el copago farmacéutico de Madrid al igual que hizo con Catalunya, pero de momento, no ha dicho esta boca es mía. Ningún portavoz del Ejecutivo se ha pronunciado sobre sus compañeros de partido de la capital. Todo indica que el próximo viernes, a más tardar, es cuando el Gobierno se pronuncie en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Desafío a Rajoy

El euro por receta madrileño se ha interpretado como un desafío del Gobierno de Ignacio González a Mariano Rajoy, contrario a esta medida. A sabiendas de que Moncloa asegura que es inconstitucional, Madrid ha decidido seguir hacia adelante con el copago. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, además no teme que el Ejecutivo central acuda al Constitucional para interceptar el euro por receta.

«Vamos a ver si el Gobierno de la nación recurre el euro por receta al Constitucional» ha apuntado Lasquetty, que ha recalcado que el Gobierno nacional todavía «no lo ha hecho». «En caso de que lo haga, veremos si el Tribunal lo admite a trámite y si lo admite a trámite se producirá una suspensión automática que durará cinco meses. Luego vendrá la decisión que finalmente adopte el Constitucional», ha explicado.

Otras denuncias

Pero no sólo el PSOE y el Gobierno central recurrirán la medida. Por ejemplo, Izquierda Unida (IU), ha denunciado el copago ante el Defensor del Pueblo por ser una medida recaudatoria y expropiatoria.

Asimismo, el sindicato Manos Limpias, ha ido un poco más allá. Ha presentado una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el consejero de Sanidad. La acusación se basa en que los acusados dictan «una norma a sabiendas de su injusticia y de que se trata de una ilegalidad», tal como ha considerado el Gobierno al impugnar el euro por receta en Catalunya.