Mas acepta el plan de choque de la CUP para presionar a sus bases
El President en funciones 'traga' con medidas como el impuesto a la banca y la recuperación de la renta mínima, con el objetivo de mantener vivas las negociaciones
Artur Mas vive en la cuerda floja. Aun estando acostumbrado a ello, su situación actual es de un equilibrio muy precario. Las negociaciones con la CUP para asegurar su investidura continúan en el alambre y por ello el President en funciones ha optado por ceder al plan de choque social propuesto por la formación anticapitalista, según publica este sábado El Confidencial.
Esta decisión está encaminada a presionar a las bases del partido de Antonio Baños y Anna Gabriel, que a finales de este mes de diciembre, y tras las elecciones generales del 20D, tomarán una decisión sobre su apoyo (o no) al candidato de Junts Pel Sí.
Castigo a las grandes empresas y medidas sociales
Entre las medidas preacordadas está la implantación de un impuesto sobre los depósitos bancarios, la recuperación de la renta mínima de inserción, el impulso de la financiación por parte de las eléctricas del programa contra la pobreza energética, la reducción de las listas de espera sanitarias y la mejora de las ayudas a la dependencia, entre otras cuestiones.
Este paquete, que tendría un coste de 258 millones de euros para el Govern, no supone todavía que Mas tenga la investidura asegurada. Pero sí le da algo de oxígeno ante una situación que, de no llegar a un acuerdo, podría acabar en nuevas elecciones. Un escenario hipotético que no pinta bien para CDC.
¿Falta de competencias?
Los cambios legislativos propuestos por la CUP también incluyen puntos como la paralización «del traspaso del canon del agua hacia empresas mixtas o privadas» (sin concretar más este polémico asunto), el incremento de la tasa turística, el desarrollo de un impuesto sobre la energía nuclear o la bajada del IRPF a las rentas bajas y la relajación de las cargas fiscales a autónomos y emprendedores.
El problema de este plan social radica en que, bajo el actual marco legal, la Generalitat carece de competencias para poner en marcha la mayoría de estas medidas. Además de incluir directamente el incumplimiento de ciertas leyes españolas, como sería la revocación de «la reforma eléctrica española» en Cataluña.
