El TSCJ rechaza que Rajoy testifique en el juicio contra Mas

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera una ''impertinencia'' que Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega pidieran la comparecencia de Mariano Rajoy

Mariano Rajoy en la jura de su cargo ante el Rey. EFE/Chema Moya

Barcelona, 11 de enero de 2017 (13:04 CET)

Ni el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ni el ministro de justícia, Rafael Catalá , declararán como testigos en el juicio por la consulta independentista del 9N tal como habían solicitado las defensas de los acusados Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega.  

En un auto que se ha hecho público este miércoles, el presidente del Tribual Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, considera "impertinente" que la defensa de los acusados cite a declarar como testigos a Rajoy y Catalá.  

El magistrado también inadmite "por impertinencia" diversas pruebas documentales pedidas por la defensa, así como la declaración de Marin Mrcela, juez del Tribunal Supremo de Croacia. El expresidente Artur Mas estaba interesado en que aportase su testimonio sobre el proceso independentista de los Balcanes.  

El juicio contra Mas, Rigau y Ortega por desobedecer el Tribunal Constitucional, que había prohibido expresamente la consulta del 9 de noviembre de 2014, empezará en el TSJC el próximo 6 de febrero. En declaraciones públicas, Mas da por hecho que será inhabilitado para el ejercicio de cargo público.

Nueve años de inhabilitación para Francesc Homs

El cuarto acusado por la consulta del 9N, Francesc Homs, será juzgado por el Tribunal Supremo por su condición de aforado, ya que en estos momentos diputado del Congreso. La fiscalía del Supremo reclama para él nueve años de inhabilitación. En un escrito dirigido al juez, el ministerio público considera que Homs incurrió en un presunto delito de desobediencia y en otro de prevaricación administrativa. 

Como portavoz de la Generalitat y consejero de presidencia cuando se realizó la consulta, era máximo responsable de los servicios jurídicos y de la coordinación de la Generalitat. No obstante, "no suspendió ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta", según subraya la Fiscalía.