Un restaurante Lizarrán. EFE

Condena pionera contra Lizarrán por engaño al franquiciado

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Lizarrán recibe su primera condena judicial por engaño para captar franquiciados

Madrid, 07 de octubre de 2018 (04:55 CET)

La cadena de restaurantes de tapas y pinchos Lizarrán, con 250 establecimientos en toda España, acaba de recibir su primer gran varapalo judicial por engaño al franquiciado.

La empresa ha sido condenada a devolver toda la inversión desembolsada por un franquiciado de Madrid al que colocó --a sabiendas-- un local que no cumplía con la ley para operar como restaurante.

El juzgado número 57 de primera instancia de Madrid ha condenado a la cadena a devolver 212.000 euros a un franquiciado que abrió un local en la calle de San Bernardo, en Madrid, y que tenía serias deficiencias que fueron ocultadas por la compañía para lograr una nueva franquicia.

Los tribunales consideran que la empresa actuó con “dolo negocial”, es decir, que ocultó información vital al franquiciado con el propósito de que firmase el contrato, a sabiendas del perjuicio que le ocasionaría.

Fernando L.A., invirtió más de 200.000 euros para montar un restaurante en el céntrico barrio de San Bernardo a mediados de 2015. Pero cuando entró en el estableciientose dio cuenta de que había deficiencias con la chimenea.

“El local se llenaba de humo y la chimenea estaba hecha con un material muy inflamable que ponía en riesgo de incendio no sólo el restaurante sino todo el edificio. La obra era muy cara. Lizarrán dijo que asumiría los costes pero no lo hizo. Querían que trabajara al margen de la ley y yo me negué”, explica Fernando, que acaba de ganar el juicio contra Lizarrán.

El exfranquiciado asegura que la marca pidió al franquiciado seguir funcionando a pesar de los problemas de humos y los riesgos de incendios. Pero Laguna decidió avisar al Ayuntamiento sobre las irregularidades. Al corroborarlas, los inspectores municipales retiraron la licencia de actividad. "Pretendían que asumiera el riesgo de seguir con la actividad sin la chimenea arreglada con el riesgo de un incendio que podía poner en peligro a todo el edificio. Me negué por completo", añade. 

Contrato anulado

La abogada del franquiciado, Cristina Fernández, directora del departamento jurídico del despacho Ramírez y Crespo, explica que el contrato fue declarado nulo porque el juez interpretó que hubo “vicio en el consentimiento”, es decir, que el franquiciado fue engañado para que firmara el contrato.

“El franquiciado enviaba todas las comunicaciones por correo electrónico con la empresa. Eso ayudó enormemente a demostrar el fraude. El contrato fue declarado nulo desde el primer día, porque el negocio iba avanzando sobre la base del engaño”, explica Fernández. Ahora la abogada pedirá que la empresa pague la condena de inmediato.

El contrato con el franquiciado fue declarado nulo porque la juez considera que hubo engaño 

Pero el franquiciado no pudo acreditar ante los juzgados que las pérdidas obtenidas por el negocio también fueron producto del engaño de la empresa. La sentencia considera que las pérdidas forman parte del riesgo de cualquier negocio. 

La condena llega en pleno conflicto judicial con un grupo de franquiciados que acusan a la empresa de inflar sus planes de negocios con el único propósito de vender franquicias, sin importar si los locales son finalmente viables o si fracasan a un año de la apertura, tal como ocurrió con el franquiciado de Madrid. 

Lizarrán pertenece a Comess Group, un grupo empresarial dedicado a las cadenas de comida rápida bajo la modalidad de franquicia. El grupo maneja marcas como Cantina Mariachi y Pasta City, además de otras marcas menos conocidas.

El grupo, presidido por el empresario Manuel Robledo, defiende el modelo de negocio y achaca la falta de implicación del emprendedor como la causa común de los fracasos de algunas tiendas. La empresa asegura que respeta la decisión judicial pero "no la comparte". Por ello, ha decidido recurrirla. 

"Comess Group ha actuado con completa diligencia y no comparte la visión del magistrado", explica la empresa en un comunicado remitido a este medio. "En la cronología de hechos queda probada la actuación con mala fe por parte del franquiciado, quien no sólo actúo con falta de diligencia al firmar un contrato de arrendamiento sin comprobar que disponía de la correspondiente licencia, sino que es el mismo quién solicita al Ayuntamiento la orden de cese de actividad de restaurante", explica la compañía. 

Un grupo de franquiciados de Lizarrán se han quejado de los malos resultados de la marca. Aseguran que Lizarrán es una máquina de tirar comida y dinero. Explican que su único propósito es vender franquicias y cobrar royalties. La empresa se defiende y explica que las quiebras se deben a la falta de implicación de los franquiciados. 

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