Debilidad de la patronal valenciana ante el gobierno del 20D

Con imputados, enfrentados entre ellos y quebradas las patronales de Alicante, Castellón y Valencia, sólo piden más dinero

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Las patronales provinciales de Alicante, Castellón y Valencia y la patronal regional viven un momento de gran debilidad frente a los cambios políticos que puedan derivarse del 20D, como ya ocurrió con los cambios en los gobiernos autonómicos y municipales tras el 24M.

Después de años de oficiar una dependencia institucional de la Generalitat gobernada por el PP, los empresarios agrupados en las patronales están enfrentados entre ellos. Una parte imputados y otra parte de las asociaciones quebradas o en concurso de acreedores.

La Generalitat siempre ha incluido en los Presupuestos Generales subvenciones para las asociaciones patronales y los sindicatos. A cambio, se ha consolidado una liturgia por la que estos agentes sociales han prestado su voz para apoyar iniciativas políticas con el fin de reivindicar más inversiones y financiación a Madrid.

Todo sigue igual

Con el nuevo gobierno de Ximo Puig (PSOE) y Mónica Oltra (Compromís) se ha repetido esta liturgia, cuando el Consell ha necesitado el apoyo de la sociedad civil para pedir una mejora de la financiación autonómica. Son sólo instituciones en el organigrama político. No herramientas empresariales.

En los últimos años el lobby de presión AVE, presidido por Vicente Boluda, criticó al PPCV por debilidad política y se mostró favorable a la creación de un partido regionalista, sin reconocer el valor que pueda tener Compromís como partido nacionalista situado quizá a la izquierda de los deseos de este grupo de empresarios.

Ante el nuevo gobierno que pueda salir del 20D no ha habido posicionamientos. Sólo la insistente petición de inversiones en el Corredor Mediterráneo y obra pública, planteadas desde la patronal de la obra pública, FECOVAL.

Debilidad como lobby

Los empresarios valencianos organizados en estas patronales nunca se han posicionado sobre otros temas políticos, como pueden ser el tema de Cataluña, la educación o la sanidad. Como mucho sólo han defendido la enseñanza concertada y la gestión privada de hospitales públicos.

De hecho, hubo un gran silencio cuando la vicepresidenta Mónica Oltra negó el reconocimiento a la empresa Ribera Salud para presentarse a un gran concurso internacional. Los empresarios valencianos nunca han sabido funcionar como lobby ni siquiera en defensa de sus intereses.

Otra tema han sido las federaciones de industria o los propios empresarios a titulo individual. Desde el azulejo se han pedido líneas de ayuda para relanzar la construcción y el propio Juan Roig, presidente de Mercadona, insiste un par de veces al año en la necesidad de mejorar la formación o en cambios estructurales en el funcionamiento de la administración para hacerla más dinámica y flexible.

Imputados y quebrados

Pero las patronales como tal están rotas. La Confederación de Empresarios de Castellón tiene imputadas a siete personas por el juzgado de Nules, por ilegalidades en la gestión de fondos de formación. Entre los imputados está el presidente José Llorca, que lleva más de 25 años en el cargo y ha sido recientemente reelegido, y el secretario general, Rafael Montero.

La patronal regional, CIERVAL, se ha quitado del medio en este tema y ha dicho que es cosa de los de Castellón. La Junta Directiva de la CEC niega estas irregularidades y apoya a los imputados.

En Alicante, COEPA ha presentado concurso de acreedores al no poder hacer frente a una deuda de 3,9 millones de euros con el Instituto Valenciano de Finanzas, que le prestó el dinero en 2006 para construir un centro de formación.

El dinero no ha sido devuelto y COEPA ha querido endosarle el centro a la Generalitat, que no ha aceptado el regalo.

Todos contra todos

Lo curioso del caso es que la denuncia por este impago la hacen otras tres patronales (CEPYME, FEMPA del metal y FACPYME, del pequeño comercio) que fueron expulsadas el año pasado de COEPA por criticar a la dirección de esta organización, que hoy preside Moisés Jiménez.

En Valencia coexisten la CEV, presidida por Salvador Navarro, la Cámara de Comercio, que preside José Vicente Morata, y la CIERVAL, presidida por José Vicente González, presidente a su vez de la Feria de Valencia, que vive una fuerte crisis económica.

Aunque las Cámaras no tienen apenas funciones, siguen teniendo un papel institucional, lo que disgrega aún más el poder empresarial, que tiene su fuerza en las asociaciones profesionales como el metal, el azulejo, FECOVAL o los cítricos, que actúan en defensa de sus intereses concretos.

El gran patrón

Los únicos que actúan de forma política son los grandes empresarios agrupados en AVE, que tiene hilo directo con cualquier partido o formación política, aunque sus planteamientos están más dirigidos al gobierno regional que a Madrid.

Este grupo de empresarios, aunque aquí coinciden todos como una quimera, vuelven a pedir un poder valenciano en Madrid para reivindicar «lo que es justo para la Comunidad Valenciana», según la expresión que citan tanto desde el PP como desde Compromís o Podemos.

Pero la debilidad organizativa de las patronales es tal que resulta difícil que puedan ejercer ningún tipo de acción frente a Madrid. Forman parte de un mapa institucional valenciano debilitado.

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