El dueño del grupo RBA, Ricardo Rodrigo y el motorista Sete Guibernau, acusados de fraude fiscal
El piloto, según el fiscal, debería tributar en España y no en Suiza, y el editor habría utilizado una sociedad patrimonial para eludir el pago de Sociedades
La fiscalía de Barcelona ha denunciado a Ricardo Rodrigo, presidente de la editorial RBA y al ex piloto de motos Sete Guibernau por fraude fiscal, según informa El Periódico.
La querella contra el ex deportista, que en 2003 fue subcampeón mundial de MotoGp, se basa en que, según el fiscal, Guibernau no ingresó a Hacienda 2,8 millones de euros correspondientes a los ejercicios fiscales 2005 y 2006. En la primera anualidad le habría correspondido ingresar 1,8 millones y en la segunda 550.000 euros del impuesto de la renta. Además debería haber pagado 258.000 euros y 223.000 euros correspondientes al impuesto de patrimonio. Estas serían las cuotas no pagadas, pero, como es normal, el dinero ocultado ascendería a cifras mucho más importantes, por lo menos varios millones.
El fiscal basa su actuación en que el ex piloto debería tributar en España, puesto que tiene su domicilio en Catalunya, concretamente en Esplugues de Llobregat, y no como asegura él, en Suiza.
Rodrigo pagaba el alquiler a su patrimonial
Por otra parte, el editor del grupo RBA, que administra más de medio centenar de editoriales y publicaciones en países de los cinco continentes, Ricardo Rodrigo, ha sido objeto de otra denuncia por fraude fiscal porqué según la fiscalía el empresario utilizó una empresa mercantil de su propiedad para así eludir el pago del impuesto de sociedades de los años 2005 a 2008. En este caso, la cantidad presuntamente defraudada asciende a 2,3 millones en total y es fruto de no haber pagado entre 464.000 y 655.000 euros por ejercicio. Esta anualidad supera los 120.000 euros, lo que supone que la operación sea considerada delito.
La operativa de la sociedad patrimonial de Ricardo Rodrigo, recibía fondos procedentes de la editorial en contrapartida de supuestos asesoramientos y, desde la compañía se realizaban pagos como los sueldos del servicio doméstico. En este sentido la vivienda particular del empresario también está a nombre de la empresa patrimonial y, según Hacienda, el empresario paga por su alquiler 900 euros al mes.
