El Estado deberá indemnizar a Repsol con 63 millones de euros por obviar el coste real del butano
La Audiencia Nacional considera que las revisiones de precios llevaron a las operadores a vender con pérdidas
Indemnización de 63 millones de euros a Repsol. La Audiencia Nacional entiende que la compañía que preside Antoni Brufau fue perjudicada por las revisiones de precios de la bombona de butano, que no recogían los costes reales del combustible.
A través de tres sentencias, la Audiencia constata ese perjuicio a Repsol. En la primera, se le reconoce una indemnización de 23,2 millones de euros, por los daños, más los intereses, que le ocasionó a la compañía la traslación de costes en la revisión del segundo trimestre de 2011.
El precio de antes de 2009
En la segunda sentencia se reconoce una suma de 14,6 millones por la misma cuestión, aplicada en la tarifa del tercer trimestre de 2011. Y la tercera hace referencia al cuarto trimestre de ese año, y al primero de 2012, con una suma de 26 millones.
Repsol, por tanto, ha visto reconocida su denuncia en contra de las denegaciones de los recursos de alzada que había presentado ante el Ministerio de Industria. La Audiencia Nacional admite también la indemnización que se había requerido, al entender que debía cobrar el precio que se aplicaba antes de 2009, más los intereses.
Reclamación de Repsol
El hecho que denunciaban los operadores del combustible es la fórmula que se aplicó a partir de se año, lo que les provocaba, según las compañías, vender a pérdida. Con esa fórmula, se tomaba el trimestre anterior como la referencia de precio, y eso generaba un desajuste, que hacía que el sector no pudiera recoger el encarecimiento de la materia prima.
En junio de 2012, el Tribunal Supremo dio la razón a los operadores a través de una sentencia, y sobre ella, la Audiencia Nacional ha dictado esas tres sentencias en las que se reconoce la reclamación de Repsol.
Con aquella sentencia, el Supremo anuló la fórmula de revisión de precios, recuperando el mecanismo de cálculo de 2008.
El Gobierno del PP ha vuelto a cambiar el método, y se fija un umbral máximo de 17,5 euros por cada bombona. Se reconoce, también, a los operadores la posibilidad de recuperar en el futuro los costes en el caso de que se supere ese límite.
