El Estado defiende que explotar uranio en Salamanca es inviable

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CONFLICTO

Minas de uranio en Castilla y León

17 de abril de 2012 (19:33 CET)

La empresa pública Enusa (participada en un 60% por la SEPI) ha emitido un comunicado en el que deja claro que explotar la mina de uranio que el Estado tiene en propiedad en Salamanca “no es viable ni sostenible en el tiempo”. Es la primera información que emite dos semanas después de que la multinacional energética Berkeley presentara una queja en el tribunal arbitraje internacional, con sede en París, para que decida si la compañía pública ha actuado de mala fe al parar la explotación de los yacimientos de uranio.

En la misma información, Enusa explica que ha hecho un “análisis exhaustivo” del estudio de viabilidad que Berkeley presentó el 18 de febrero del 2011 y la información complementaria que los australianos aportaron el 10 de noviembre del año pasado. Tras revisar los papeles, considera “que no se reúnen los requisitos contractualmente pactados en su momento para la potencial explotación”.

En este sentido, recuerda que “además de disponer de una amplia y contrastada experiencia” en el sector, a la hora de revisar los documentos de la multinacional ha contado “con la colaboración de asesores internacionales expertos en la materia”. Y detalla que la información aportada tiene “deficiencias significativas en la mayoría de los parámetros requeridos para los estudios de viabilidad”.

Arbitraje

Enusa explica que Berkeley ha decidido unilateralmente resolver el conflicto entre ambas compañía en el arbitraje internacional. “Sin esperar al resultado de las reuniones y alegando inclumplimientos existentes, ha decidido acudir a instancias arbitrales, reclamando una indemnización improcedente, en lugar de colaborar en la búsqueda de una salida razonable y válida”. También deja claro que “Enusa no renuncia” a buscar una salida consensuada al conflicto, lejos del tribunal de París.

Los portavoces del grupo australiano se han remitido a los argumentos que usaron para explicar su denuncia. Aseguran que tienen las certificaciones necesarias para avalar la viabilidad del proyecto.
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