El Gobierno ya ha pedido información sobre cuentas bancarias a Suiza

El Gobierno asegura que el nuevo protocolo para el intercambio de información y de lucha contra el fraude firmado en 2011 con Suiza supone que «no se podrán oponer restricciones a la información bancaria» que se intercambie entre ambos países, lo que a su juicio supone un «apreciable avance» en los instrumentos de lucha contra el fraude internacional.

De hecho, según informa, ya se han realizado diversas peticiones de información relativas a la titularidad de cuentas bancarias –tanto de personas físicas como de empresas–, comprobaciones de residencia fiscal y determinadas operaciones entre sociedades vinculadas.

Pregunta parlamentaria

Así lo asegura en una respuesta escrita al diputado socialista Pedro Saura, quien se había dirigido al Ejecutivo de Mariano Rajoy para saber del ofrecimiento de información por parte de la Confederación Helvética para «tratar de encontrar nuevos defraudadores fiscales españoles que pudieran tener dinero depositado en cuentas bancarias secretas», así como para conocer qué información ha pedido y recibido España en esta materia.

En su respuesta el Gobierno recuerda que España y Suiza firmaron en 2011 un acuerdo para el intercambio de información y de lucha contra el fraude, que modifica el convenio hispano-suizo de 2006 al incluir una cláusula de intercambio que no existía hasta entonces.

Marco más amplio

«Este nuevo marco de intercambio será indudablemente más amplio y más claro interpretativamente que el anterior, lo que debe permitir un nuevo impulso a la cooperación entre ambos estados y superar las dificultades que se encuentran en la interpretación y aplicación del convenio actual. En especial, no se podrán oponer restricciones a la información bancaria», asegura el Ejecutivo.

Sin embargo, el Ejecutivo deja sin respuesta las alusiones del diputado Saura a la presunta intención de España de firmar un acuerdo Rubik con Suiza, lo que supondría que el país helvético abonara una cantidad determinada al Gobierno español anualmente a partir de un impuesto sobre sus fondos bancarios, a cambio de evitar informar sobre cuentas no declaradas de ciudadanos españoles.