El Govern no sabe lo que ahorra con la reducción del 25% de las entidades públicas

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Entre 2011 y 2013 la Generalitat suprimirá 65 organismos, aunque muchos de ellos se fusionan o se integran en otras empresas públicas

La vicepresidenta Joana Ortega, junto a Artur Mas./EFE/Toni Albir

10 de julio de 2013 (21:00 CET)

La oposición del Govern a la reforma administrativa que prepara el Gobierno central es total, porque se considera que debe ser la administración central del Estado la que dé ejemplo y reduzca, primero, ministerios y organismos públicos cuyas competencias son autonómicas. Pero otra de las razones de esa oposición, como explicó el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell es que la Generalitat ya está aplicando su propio modelo de reforma administrativa.

Y la reducción de organismos públicos existe, pero no hay todavía un cálculo del ahorro económico. De hecho, se considera que no será relevante, porque la práctica que se ha elegido es la supresión de organismos para integrarlos o fusionarlos con otros. El Govern, sin embargo, necesita reducir a marchas forzadas el déficit presupuestario.

Esa tarea corresponde al departamento de Governació, que desea gestionar el asunto con una cierta discreción. El Govern de CiU, con una situación financiera muy delicaca, y con un frente político abierto de primera magnitud, como es el proyecto soberanista, no quiere provocar una auténtica revolución interna en la administración catalana. Pero, además, como indican fuentes de Governació, “el ahorro será pequeño, porque no se puede hacer mucho más”.

¿Al límite de la reducción?

Es decir, el Ejecutivo de Artur Mas considera que ha llegado al límite, que no tiene de dónde reducir, que no puede vender mucho más –después de las privatizaciones de ATLL y Túnels del Cadí-- y que tampoco le queda margen para vender más edificios públicos, después del paquete de 13 inmuebles que acaba de vender a Axa por 172 millones de euros.

El Govern de CiU se comprometió, cuando el President Artur Mas accedió a la Generalitat en 2010, a reorganizar las entidades públicas y reducir el conjunto de organismos en el que la administración catalana tuviera un mínimo del 51%. El objetivo fue reducir un 25% esas entidades a lo largo de la legislatura. Y, tras las elecciones anticipadas del 25N, ese compromiso se alcanzará, según Governació un año antes, a finales de 2013.

En 2011 se suprimieron 22 entidades, 13 en 2012, y ahora hay 30 organismos en curso de supresión. Un total, por tanto, de 65, que sería ese 25% del conjunto de empresas públicas de la Generalitat.

Estudio sobre el impacto

Sin embargo, Governació no ofrece, todavía, un cálculo de la reducción económica que ello supone. El departamento que dirige la consellera Joana Ortega, asegura que la Dirección general de Presupuestos, junto con la Intervención General de la Generalitat, coordinadas por la Comisión del sector público, están efectuando un estudio para valorar el impacto presupuestario y en el déficit de la Generalitat en términos de contabilidad nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas (SEC) de las desvinculaciones y supresiones de entidades del sector público.

El presupuesto de 2013 marcará el posible ahorro, aunque el Govern sigue sin presentar las cuentas en el Parlament, a la espera del objetivo de déficit que le permite el Gobierno central.

A pesar de todo ese posible esfuerzo, lo cierto es que sólo tres supresiones de entidades, realizadas a finales de 2012, han aportado un notable ahorro. Se trata de dos operaciones de venta de la concesión de explotación: la polémica venta de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, y los túneles de la Generalitat (Túneles del Cadí y Túneles de Vallvidrera) a Abertis. Las dos operaciones redujeron el déficit de la Generalitat en 1.400 millones de euros.

El ejemplo del ICCA y el ICF

Pero la muestra de lo que está haciendo la Generalitat se ejemplifica con la principal operación que se acometió en 2011. Entonces se integró el ICCA (Institut Català de Crèdit Agrari) en el ICF (Institut Català de Finances). El impacto en 2011 fue parcial. Y en 2012 fue algo superior a los 300.000 euros.

Ese ahorro se debe considerar recurrente en los ejercicios posteriores, y, “probablemente” superior “si se tienen en cuenta las sinergias que se puedan generar a partir del funcionamiento normalizado de la entidades después de la integración”, según un escrito de Governació. Pero, en todo caso, es un ahorro modesto, característico de las operaciones que está realizando la Generalitat.

Supresiones totales


Hay otros ejemplos, como la supresión de la Agència Catalana de Seguretat Alimentària, fusionada en la Agència de Salut Pública de Catalunya; la Fundació Privada Assaig per la Recerca Sanitària, fusionada en el Consorci Sanitari Integral, o Remodelacions Urbanes, fusionada en el Institut Català del Sòl (Incasol).

Otras se han suprimido, sin más. Es el caso en 2012 del Consorci Gestió de la Fertilització Agrària de Catalunya; el Consorci Torreblanca; l'Agència de Patrocini i Mecenatge, SA, el Consorci Sanitari de Mollet del Vallès o Mesfilms Inversions, SL, entre otros consorcios o sociedades mercantiles.

Governació entiende que está cumpliendo los objetivos, aunque no sepa, todavía, el ahorro que comportará a la Generalitat, y si esa reordenación será o no suficiente.
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