Sacudirse la etiqueta de paraíso fiscal asfixia a la banca de Andorra. En la imagen, una oficina de la desaparecida BPA en Andorra.

El juez descarta que Banco Madrid organizara una red de blanqueo

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Un juzgado madrileño archiva la querella contra el consejo de la entidad controlada por la familia Cierco

Economía Digital

Sacudirse la etiqueta de paraíso fiscal asfixia a la banca de Andorra. En la imagen, una oficina de la desaparecida BPA en Andorra.

Barcelona, 08 de enero de 2019 (16:29 CET)

La justicia española no ve indicios de delito en Banco Madrid. El juzgado de Plaza Castilla ha archivado recientemente la querella contra la entidad, descartando así que el banco tuviera organizada estructura alguna para facilitar el blanqueo de dinero. Se trata de la cuarta decisión judicial en el país que exonera de cualquier tipo de responsabilidad a la entidad.

Es más, el juzgado de instrucción número 38 de Madrid destaca que Banco Madrid reforzó los controles desde que fue adquirido por Banca Privada d'Andorra, controlado por los hermanos Higini y Ramon Cierco y Joan Pau Miquel.

El auto del magistrado sobresee la querella presentada por la sociedades Marine Instrumentos y Luiniaski porque "el resultado de las diligencias practicadas y de los documentos que forman parte de la causa no revela indicios de criminalidad suficientes más allá de afirmaciones que no han sido suficientemente acreditadas".

La decisión se basa en un informe emitido por un técnico del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac), que destaca el aumento de los controles normativos y de prevención con la entrada de BPA en el capital de Banco Madrid. "Se incrementaron exponencialmente", asegura.

La resolución también destaca que el concurso de acreedores de Banco Madrid fue fortuito a raíz de la crisis de BPA. Remarca que el mercantil, que instruyó el caso, no encontró dolo ni siquiera negligencia en la gestión.

El auto también recuerda la aspiración de datos informáticos bancarios que agentes de la Udef de la Policia Nacional llevaron a cabo en Andorra a petición del fisco español. Asegura que la documentación se obtuvo de forma anómala y que encima "no ha aportado nada relevante".

 

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