El juez exige los contratos de las obras del Hospital de Sant Pau

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JUDICIAL

26 de febrero de 2013 (13:50 CET)

El juez que investiga a la antigua dirección del Hospital de Sant Pau por presuntas irregularidades ha solicitado nuevas pruebas. Entre ellas, el magistrado ha pedido los contratos de la licitación de obras del nuevo recinto del centro sanitario y datos fiscales y económicos de uno directivos del centro sanitario, así como de algunos trabajadores.

El titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo, basa su petición en el informe de la Sindicatura de Comptes sobre la Fundación Privada del hospital. El documento en cuestión apuntaba a que una parte de la adjudicación de las obras se hizo a dedo a la UTE Sant Pau --conformada por OHL Emte y Guinovart--.

Can Masdeu

Además, el documento también mostraba que en ese contrato existía un complejo método de financiación que vinculaba a estas empresas y el Hospital de Sant Pau con el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB). El mecanismo, que tenía por epicentro el área de Can Masdeu --unos terrenos del centro sanitario en las afueras de la ciudad-- fue un fracaso y supuso un gasto extra para el Sant Pau. El hospital fue indemnizando con 2,5 millones de euros al COMB.

El documento de la Sindicatura también apuntaba que los trabajos realizados costaron casi 40 millones de más. Según indica el informe, esta cantidad fue justificada por obras adicionales, intereses, retrasos y otros conceptos.

Datos fiscales

Por otro lado, el juez también ha pedido una relación de los patronos, gerentes y directivos de las tres Fundaciones que gestionan el centro sanitario desde 2000 hasta la actualidad.

También ha exigido documentación de tres imputados: el ex patrono y ex director adjunto, Ricard Gutiérrez (PSOE); el ex delegado de la Generalitat en Madrid entre 2007 y enero de 2011 y contratado como apoyo a la Fundación de Investigación, José Cuervo (PSC); y a la ex directiva del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y contratada en el Sant Pau como facultativa colaboradora, Mercè Cruells.

En concreto, el magistrado ha solicitado las nóminas, datos de retenciones, cuentas bancarias, el modelo 347 --la declaración de operaciones con terceros de más de 3.000 euros-- y la relación de sociedades en las que ostenten acciones o participaciones.
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