El juez ve insuficiente la documentación de Carulla que acredita su domicilio fiscal

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El empresario propietario de Agrolimen comparece durante casi tres horas como imputado para justificar la trama de empresas ideada para eludir impuestos

04 de febrero de 2011 (19:55 CET)

El titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona, Josep María Miquel Porras, considera insuficiente la “abundante documentación” -1.500 folios, según la defensa- presentada por los abogados de Jordi Carulla para demostrar la legalidad de sus empresas domiciliadas en paraísos fiscales.

Las explicaciones del propio acusado sobre la red empresarial supuestamente urdida para evadir impuestos, según Hacienda, tampoco han bastado a pesar de las más de dos horas y media de declaración. Ante estas lagunas, el juez ha decidido requerir más documentos. En concreto, balances, libros de contabilidad y composición accionarial de las sociedades. Miquel Porras, sin embargo, ha declinado adoptar medidas cautelares contra el imputado y ha levantado el secreto de sumario.

Según sus abogados, el propietario de Agrolimen ha admitido estar al frente de las compañías radicadas en el extranjero (Antillas Holandesas, Costa Rica y Uruguay). En cambio, los letrados del imputado no han aclarado si se habían ofrecido datos y explicaciones sobre determinadas operaciones financieras objeto de la investigación. El proceso judicial intenta esclarecer algunas ventas de acciones y préstamos para la adquisición de títulos de las compañías del grupo. En estas operaciones ha fijado sus sospechas el ministerio fiscal.

Jordi Carulla sí habría asegurado que se ha informado al Banco de España de todas las entradas y salidas de capital vehiculadas a través de la trama empresarial que está siendo investigada, según han explicado a Economía Digital fuentes conocedoras de la declaración. La red de empresas "está perfectamente dotada de contenido" por lo que la defensa de Carulla considera que "no estamos ante un debate penal".

Con la decisión de este jueves, el juez tampoco considera todavía acreditada la excepción fiscal de Jordi Carulla en España, que los letrados Fermín Morales y Emilio Zegrí pretenden desmostrar. Por su parte, la Fiscalía de Delitos Económicos considera a Jordi Carulla el presunto cabecilla de un entramado empresarial urdido por los hermanos propietarios de Agrolimen para reducir su factura tributaria en España.

20 años en el extranjero

La defensa intenta hacer valer que Jordi Carulla vive fuera de España desde hace más de 20 años para probar la inocencia de su cliente y ha anunciado que aportará las nuevas pruebas requeridas por el titular del juzgado “en pocos días”.

El sumario también afecta a los hermanos Carulla que comparten la propiedad del gigante empresarial catalán. Mariona Carulla, presidenta del Orfeó Català, y Artur Carulla, presidente de Agrolimen y vicepresidente del Cercle d'Economia, figuran también en el accionariado de la compañía de alimentación. El juez deberá decidir si imputa a otros miembros de la familia.
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