El juzgado de Barcelona ordena la detención del presidente de Fergo Aisa

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Carlos Fernández Gómez no ha comparecido en ninguna de las cuatro ocasiones que se le ha citado a declarar por un presunto delito de estafa

El presidente de Fergo Aisa, Carlos Fernández. | Europa Press

Barcelona, 21 de marzo de 2016 (19:11 CET)

Tras ausentarse en cuatro declaraciones, el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona ha ordenado la detención de Carlos Fernández Gómez. Con tal de prestarle declaración, el magistrado ha pedido el arresto del presidente de la inmobiliaria Fergo Aisa, en liquidación, al estar acusado de estafa a los inversores.

Economía Digital ha tenido acceso al auto, en el que se evidencia que el directivo ha faltado a su cita en los tribunales los días 3 y 19 de febrero y 4 y 16 de marzo. En tres ocasiones ha alegado estar fuera de Barcelona. En la última "no ha comparecido ni ofrecido causa alguna".

"La reiterada incomparecencia del querellado para poder prestar la declaración que viene acordada supone una demora en la tramitación de la causa y afecta a las restantes partes, que en cada ocasión comparecen, sin que se lleve a cabo la diligencia", argumenta el juez. Y añade: "Se han atendido todas las peticiones de suspensión,  al no haber alegación respecto a la última fecha, ha de acordarse la detención".

Estafa a través de Colombia e Iraq

Fernández Gómez debe declarar por la querella presentada el año pasado por el abogado Felipe Izquierdo contra el consejo de administración de Fergo Aisa. Le acusa de estafa a los inversores, una reclamación a la que se añadió luego otro particular.

El letrado ha explicado a Efe que invirtió 20.000 euros para adquirir unas 600.000 acciones de Fergo Aisa en febrero de 2012 y en abril la inmobiliaria entró en concurso de acreedores. Mientras, el otro inversor destinó más de 50.000 euros a comprar unos 900.000 valores de esta compañía.

Izquierdo alega que, poco antes de presentar el concurso, Fergo Aisa anunció a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había cerrado contratos para construir viviendas en Colombia e Iraq a pesar de que la empresa ya no tenía actividad. De esta forma contribuyó a falsear la realidad económica y patrimonial de la inmobiliaria.

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