Peaje de Martorell (Barcelona), gestionado por Abertis. WIKIPEDIA

España dejará de ingresar 235 millones en impuestos al quitar peajes

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Quitar los peajes de las autopistas no solo generará un sobrecoste para el Estado en mantenimiento, también reducirá sus ingresos

Barcelona, 23 de septiembre de 2019 (04:55 CET)

Quitar los peajes de las autopistas no significa que pasen a ser gratuitas. De hecho, costarán más dinero al Estado, ya que deberá gestionarlas. El levantamiento de barreras realizado ya este año, sumado a los previstos en 2020 y 2021, constarán más de 300 millones al año solo en gestión, pero el sector calcula que hay una factura oculta, menos evidente: lo que dejará de ingresar en impuestos.

Según los cálculos de Economía Digital, basados en los informes de AT Kearney para Seopan, España dejará de ingresar unos 235 millones de euros al año cuando suprima los peajes que vencen en los próximos dos años. En concreto, los de la concesionaria Aumar —la AP-4 y parte de la AP-7—, que pasan a manos públicas el 1 de enero y cuyo concurso está a punto de publicarse, y los de Acesa —el resto de la AP-7 y la AP-2—, cuyo final está previsto para agosto de 2021. A estas hay que sumar la AP-1 de Itinere, que levantó barreras a inicios de este año.

Pedro Sánchez tomó la decisión, al llegar a Moncloa, de que todas las autopistas de peaje cuyo concurso venciera durante la legislatura no se renovasen. Eso afectó a Itinere y afectará a Aumar, pese a que la legislatura ha terminado abruptamente antes de empezar. Lo que está en duda es qué pasará con Acesa. Dependerá del gobierno que salga de las elecciones del 10-N, si bien los últimos ministros de Fomento del PP ya iban en la misma dirección, con lo que las posibilidades de que se tome otro camino son pocas.

Todos los ministros de Fomento en el último lustro han cogido la bandera del 'no' a los peajes, tras el escándalo de las radiales

El rescate de las radiales de Madrid, que nunca fueron rentables, generó un ruido y una indignación en buena parte de la sociedad española que terminó con cualquier debate posible acerca de las autopistas de peaje. Tampoco es que el gobierno entonces, ni el de Mariano Rajoy ni después el de Sánchez, tuvieran mucho interés en ello. Se instaló en la clase política la idea de que las autopistas debían ser gratis, las radiales y el resto. Las pusieron todas en el mismo saco, lo que suele redundar en que paguen justos por pecadores.

La ministra del PP Ana Pastor ya adoptó la máxima antipeajes sin plantear una alternativa de pago de las autopistas. Su sucesor, Íñigo de la Serna, empezó siguiendo la línea marcada por su predecesora y compañero de partido, aunque en sus últimos meses al frente del Ministerio de Fomentó matizó el discurso y habló en concreto de que no se iba a prorrogar la concesión, como se había hecho anteriormente en numerosas autopistas, pero no negó que se pudiera sacar de nuevo a concurso.

José Luis Ábalos lo tuvo claro: no a los peajes. El todavía ministro en funciones hizo un amago de abrir un debate, en forma de subcomisión en el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para abril, las primeras generales del año, dieron al traste con esa idea. Mientras tanto, Itinere perdió la gestión de parte de la AP-1, aunque sigue con el mantenimiento por le bloqueo del concurso, y Abertis perderá las concesiones de Aumar el 31 de diciembre, lo que le obligará a hacer un ere de al menos 160 personas.

Los otros costes de las autopistas "gratis"

Pasar por una autopista sin pagar no significa que sea gratis. Es evidente que el mantenimiento tiene un coste. Los tramos de la AP-7 y la AP-4 de Aumar se licitarán por 153 millones al año. Esa cantidad es solo para que esté en buen estado, pero no incluye reasfaltados y obras de mejora. Se estima que, sumando Itinere y Acesa, el coste anual del mantenimiento superará los 300 millones al año.

Pero terminar con los peajes comporta otros perjuicios económicos. De entrada, personales, ya que significa también eliminar puestos de trabajo, lo que también supone pagar prestaciones de desempleo. Y otra factura importante para el Estado es la fiscal, por el dinero que deja de ingresar por la supresión de los peajes.

Un informe de la consultora AT Kearney para la patronal de concesionarias y constructoras Seopan asegura que el retorno fiscal de las autopistas de peaje vigentes hasta 2018 era de 14 euros por habitante. Con la no renovación de las vías de Itinere, Aumar y Acesa, calcula que este retorno caería un 45%, hasta los 9 euros por habitante. Haciendo un sencillo cálculo, las arcas públicas dejarían de recibir 235 millones. Sumando el mantenimiento, la factura final anual rozaría los 550 millones.

El uso del peaje está gravado con el IVA general, por lo que por cada euro que pagamos por usar una autopista, 21 céntimos van para el Estado. El informe también calcula el impuesto de sociedades que pagan las concesionarias por los beneficios obtenidos por la explotación de la infraestructura, así como IBI e impuesto de transmisiones patimoniales. El informe, que evidencia que España es el país de Europa con menos autopistas de pago, asegura que un modelo de tarificación en toda la red, algo que planteó tímidamente Ábalos en verano antes de ser desacreditado, aportaría hasta 1.960 millones en impuestos al año.

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