Fiscalía recurre el archivo del 'caso Carulla'

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JUDICIAL

Uno de los propietarios de Agrolimen, Jordi Carulla.  EFE / Marta Pérez

05 de noviembre de 2012 (13:03 CET)

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado un recurso contra el sobreseimiento del caso Carulla. El ministerio público carga contra la decisión del juez instructor --del que dice que ha convertido el procedimiento en una "suerte de debate sin vista"--, pone en duda la teoría de la reorganización empresarial admitida por el juez e indica que la opinión de los peritos --uno de los ejes básicos de la argumentación-- en ningún caso afirma que la operación no pudiese haberse inspirado en un fin fraudulento. Ahora, la Audiencia Provincial deberá resolver una vez reciba la documentación del juzgado.

La investigación se centraba en la compraventa de acciones entre las compañías Agrolimen y la sociedad holandesa Merimare, ambas propiedad de los Carulla. Tras seguir el paradero de los 60 millones de euros, el magistrado aseguraba en su auto que lo ocurrido es una "recolocación de fondos" en "una reorganización empresarial" que tributó en Holanda. Sin embargo, el ministerio público pone en duda que las diferentes transacciones realizados entre las empresas de los Carulla obedeciesen a una reorganización empresarial.

Reorganización empresarial o fraude

Así, el fiscal Francisco Bañeres señala que tras estos movimientos "no ha existido ninguna alteración accionarial sustantiva o relevante. Los imputados siguen siendo dueños de los mismos activos que tenían antes de la realización de todas estas operaciones y, exactamente, en las mismas proporciones". Además, indica que "sus posiciones en el holding no han variado lo más mínimo. Sin embargo, han percibido 51 millones de euros en España y 13,7 millones en Holanda, resultando esta suma prácticamente coincidente con la que se extrajo de Arboivnest".

El ministerio público también indica que en la instrucción se ha producido algunas prácticas irregulares, tal y como pasa en otros casos, y que convierte el trámite en una "suerte de procedimiento contradictorio que llega a convertirse en muchas ocasiones, prácticamente, en una primera instancia penal". La Fiscalía indica que resulta "cuando menos anómalo que la valoración de dichas opiniones [los peritos] se realice en el marco de la fase de instrucción hasta el punto que resulte determinante para la continuación de la causa"

Defensa de la actuación

La Fiscalía se defiende de los reproches que el titular del juzgado de instrucción número 4 hizo en su auto de sobreseimiento, cuando indica que el proceso se debió llevar a cabo en la Agencia Tributaria. Así, en su recurso, indica que los funcionarios de la Agencia Tributaria entraron en esta causa como peritos de la investigación de la Audiencia Nacional y que, por tanto, iniciar un proceso de inspección administrativo hubiese supuesto un "gravísimo quebranto de su deber de sigilo cuyo incumplimiento les hubiera podido suponer la exigencia de responsabilidad".
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