Gabriel Borrás da una charla sobre el precio del agua mientras sigue imputado por amañar contratos

La corrupción se ha ido extendiendo como una mancha de aceite, pero no así la dimisión o cese de políticos y altos cargos manchados por ella. La mayoría de los 13 querellados, por amañar adjudicaciones de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y generar sobrecostes en 2007, que tenían responsabilidades públicas en el momento de su imputación continúan en el cargo y cobrando de la administración.

Uno de ellos, Gabriel Borrás, no sólo sigue en la administración, sino que se permite dar lecciones. Este jueves dio una charla-debate sobre el precio del agua, bajo el título ¿Sabemos qué pagamos con el recibo del agua? El acto fue un fracaso de convocatoria y Borrás defendió la adjudicación de ATLL a Acciona. De lo que no debió hablar fue de la influencia de los sobrecostes en los contratos en el precio del agua.

Cambio de silla

Borrás dio la charla como responsable del área de adaptación de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que depende de la conselleria de Territori i Sostenibilitat de Santi Vila. Pero en 2007, cuando se produjo la adjudicación presuntamente a dedo, era director del área de planificación para el uso sostenible del agua del ACA. Además, formaba parte de la comisión técnica que estudiaba las ofertas y es vocal de la mesa de contratación.

Según la querella del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, Borrás conoció y amparó las reuniones en las que se adjudicó un contrato de 3,75 millones a una UTE dirigida por Joan Lluís Quer en 2007. Quer todavía no había sido nombrado presidente de Infraestructures de Catalunya pero ya tenía experiencia en empresas públicas, precisamente como gerente del ACA entre los años 2000 y 2004.

Pocas dimisiones

Quer es de los pocos implicados en el caso que ha dimitido, aunque no específicamente por este caso. Quer dijo haber finalizado su labor al frente de Infraestructures de Catalunya, empresa pública que presidía hasta hace menos de un mes, pero lo hizo en medio de la investigación del caso 3% de comisiones ilegales a Convergència, en el que precisamente Infraestructures es presuntamente una de las piezas clave.

Al contrario que Joan Lluís Quer, otros investigados siguen ocupando cargos de la administración, ya sea en la propia ACA o en otros organismos. Como Quer, Borrás y otros cinco jefes del ACA fueron imputados en junio. Algunos de ellos siguen en sus puestos, como Jordi Molist, director del área de abastecimiento de agua, o de Antoni Munné, jefe del departamento de control y mejora de los ecosistemas acuáticos.

Un amaño que multiplicó por dos el coste

El fiscal acusa a varios directivos y técnicos del ACA de haber adjudicado a dedo un contrato de consultoría y asistencia, y de haber configurado el proyecto para que la UTE DMA-Gestió pudiera hinchar las facturas. De hecho, el proyecto terminó costando más del doble, 7,6 millones, porqué la adjudicataria subcontrató trabajos «complementarios» de forma directa, con 38 contratos por valor de 3,9 millones.

De estos, 1,2 millones fueron a empresas vinculadas a Quer y a otro de los querellados, Josep Bou Térmens, que dirigió el departamento de planificación de usos del agua del ACA entre los años 2000 y 2006.