Joaquín Rivero achaca a un “mero cálculo teórico” la querella de anticorrupción

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El ex presidente de Metrovacesa niega las acusaciones mientras el Juzgado de Insturcción número 51 de Madrid decide si la acepta a trámite

Joaquín Rivero durante su etapa en Metrovacesa

23 de noviembre de 2010 (18:27 CET)

Joaquín Rivero, ex presidente de Metrovacesa, ha hecho público este martes un comunicado asegurando que el beneficio que le atribuye la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de información privilegiada es un “merco cálculo teórico”. El empresario defiende que las ganancias indicadas en la demanda son el reflejo “de la diferencia entre los precios de la acción entre dos momentos determinados, cualquier cálculo que se haga con referencia al precio actual lo que arroja es una pérdida importante en el patrimonio”.

Rivero asegura que en ningún momento usó información privilegiada y se muestra confiado que durante el juicio quedará clara su inocencia. “No es posible abusar del conocimiento de lo que uno mismo hace”, ha manifestado.

Así mismo, el ex presidente de Metrovacesa señala que la Fiscalía Anticorrupción hace referencia “a un asunto muy antiguo” y que todas las compras que hizo en la época “se explican como parte de la disputa entonces existente por el control de la inmobiliaria”. Afirma que su intención era “exclusivamente aumentar la participación en Metrovacesa”.

Sin aceptar

La querella de la fiscalia ha llegado este martes al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y el su titular, el magistrado Eduardo López Palop, aún no ha tomado ninguna decisión al respeto. Tampoco ha dado luz verde a la petición de imputación de Rivero por estos hechos.

Cabe recordar que anticorrupción acusa al empresario de obtener "un beneficio ilícito de 2,80 millones de euros al incumplir las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada", tal como se lee en la querella. Una cantidad que supuestamente obtuvo mediante la compra en 2005 de acciones de la inmobiliaria que entonces presidía por medio de sociedades de las que era beneficiario último (Quimafe y Eusko Levantear).

La demanda de Anticorrupción deriva de la investigación de estas operaciones realizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que podría sumar la acusación por presunto delito de blanqueo de capitales por "operaciones de movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que resultan compatibles" con estas conductas, según explica el fiscal.

Guerra de OPAs

Rivero presidió Metrovacesa desde que su empresa Bami la adquirió en 2002 hasta que en 2007 la familia Sanahuja tomó el control de la inmobiliaria tras la guerra de OPAs mantenida entonces por la compañía. En la actualidad, Metrovacesa y Rivero son primer y segundo máximo accionista, respectivamente, de la inmobiliaria patrimonialista francesa Gecina, donde cuentan con una participación del 26,9% y del 16,1%. 
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