El presidente de La Caixa, Isidro Fainé. EFE/Sergio Barrenechea

La Audiencia Nacional investigará a Caixabank y Fainé por la compra de BPI

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El tribunal admite a trámite una querella presentada por minoritarios por presuntos abuso de mercado y administración desleal de la antigua La Caixa

Barcelona, 04 de octubre de 2018 (11:37 CET)

La Audiencia Nacional pone la lupa sobre Caixabank. El tribunal español admite a trámite una querella contra el banco y su expresidente Isidro Fainé por la adquisición de la entidad portuguesa BPI. Dos accionistas minoritarios acusan a la compañía y su ejecutivo de presunto abuso de mercado, administración desleal y delitos societarios por operaciones complejas.

El banco tenía en su haber una participación minoritaria de BPI desde el año 1995. Tras 12 años en el accionariado, en 2017 lanzó una OPA sobre la empresa con la que alcanzó a controlar el 84,5% del accionariado tras pagar 644,5 millones de euros.

El procedimiento dirigido por el magistrado José de la Mata también señala al consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar; al exdirector general de relaciones internacionales Antonio Massanell; a dos asesores de la presidencia, Alejandro García Bragado y Oscar Calderón; y al director de cumplimiento normativo, Juan Antonio Álvarez García, informa Efe. También va dirigida contra el presidente del consejo de administración de Banc of East Asia, David K.P. Li.

De este modo, el juez considera que pudieron incurrir en un delito de abuso de mercado al tener información privilegiada y de administración desleal y delitos societarios por falsedad de cuentas anuales e imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas.

De La Mata investiga el préstamo de Caixabank al Banco Financiero de Angola

Según El Periódico, la querella ataca el contrato de permuta entre Caixabank y su gran accionista, Criteria, que tenía como fin adquirir el banco portugués. También denuncia operaciones irregulares como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para eliminar las restricciones lusas.

De la Mata sostiene que el presunto delito sería de cientos de millones de euros, por ello reclama su competencia en el caso. “A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones", dice en el auto.

Por el momento, el magistrado ya solicitó diferentes tipos de documentación a Caixabank, como los integrantes del consejo de administración, la comisión de auditoría y control y la comisión de consejeros independientes entre 2015 y 2017. Las demandas también afectaron a toda la documentación disponible relativa al préstamo concedido a BFA.

 

 

 

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