El juez sienta en el banquillo a Olivas por Banco Valencia

La AN lleva a juicio a la cúpula de Banco Valencia y Bancaja

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La Audiencia Nacional juzgará al expresidente de la Comunidad Valenciana y a otras 47 personas más por inversiones inmobiliarias en México

Barcelona, 12 de noviembre de 2018 (13:02 CET)

La Audiencia Nacional sentará en el banquillo de los acusados a la cúpula de Bancaja —ahora integrada en Bankia— y Banco de Valencia  — comprada posteriormente por La Caixa por un euro cuando quebró —  por las inversiones inmobiliarias realizadas en México a través del Grupo Grand Coral.

El principal acusado es José Luis Olivas, que se enfrenta a una pena de seis años de cárcel. Olivas, expresidente de la Comunidad Valenciana, de Bancaja y Banco de Valencia, también está imputado en otras piezas judiciales, por ambas entidades, que todavía tienen que cerrarse.

La investigación, que se extiende a otras 47 personas que también tendrán que declarar en los Tribunales, considera que las operaciones inmobiliarias ocasionaron un presunto desfalco en ambas entidades que conjuntamente equivalía a 750 millones de euros.

Entre el resto de investigados están Antonio Tirado, quien también fue expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, a quien imponen fianza de responsabilidad civil. La pena a la que se enfrenta Tirado es de dos años de cárcel. 

El tercero de los nombres es el del exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, que se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel. Está acusado de blanqueo de capitales, al igual que el exdirector financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo.

La investigación de la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Diego de Gea, considera que, entre 2005 y 2009, los exdirectivos de estas entidades habrían favorecido económicamente, de “modo sistemático e injustificado”, a tres empresario.

Estos son Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch, quienes contaban con intereses económicos en el país azteca y para los que ahora la Fiscalía solicita 12 años de prisión por blanqueo y apropiación indebida. 

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