La Audiencia Nacional rebaja la fianza a Díaz Ferrán

El ex presidente de la CEO 'sólo' tendrá que pagar 10 millones de euros, en lugar de los 30 que le solicitaron en un primer momento

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La Audiencia Nacional ha acordado rebajar de 30 a 10 millones de euros la fianza que impuso el pasado 5 de diciembre a Gerardo Díaz Ferrán, en el marco del caso Crucero. Considera que es “excesiva”, según el auto dictado este lunes por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

El documento acepta parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa del ex presidente de la CEOE. En ella, alegaba que Díaz Ferrán no se iría de Madrid por su “arraigo”. Recuerda que reside con su esposa en la capital y tiene 70 años, una edad que sus abogados aseguran que es avanzada para planear una posible fuga.

Aparentar ser insolventes

El tribunal, no obstante, mantiene la fianza. Recuerda en el auto que están investigando «una serie de hechos delictivos dolosos, premeditados, sistemáticos, cometidos concertadamente, de forma organizada y reiterados en el tiempo, que afectan a una gran pluralidad de víctimas». Es decir, el supuesto intento de Díaz Ferrán de vaciar su patrimonio para burlar a los acreedores del concurso de Viajes Marsans y sus filiales.

Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego (ponente) y Enrique López destacan que el ex presidente de la patronal española y su socio, Gonzalo Pascual (ya fallecido), diseñaron en colaboración al empresario Ángel de Cabo «una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial». Así consta en el auto del juez instructor, Eloy Velasco.

Traspaso de patrimonio

La supuesta estrategia consistía en traspasar del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, «una aparante insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos».

A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según el auto, Díaz Ferrán se habría valido de «testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros» tras ser asesorado por «personas de su confianza».

Prisión

El juez Velasco abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia. El pasado 5 de diciembre ordenó el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente.

Al expresidente de la patronal se le imputan inicialmente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.

Economía Digital

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