La externalización privada de las TIC mejoraría la eficiencia del sector público

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TECNOLOGÍA

06 de mayo de 2011 (17:51 CET)

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación conforman una de las áreas en las que es más fácil la externalización de servicios desde las administraciones públicas. Este tipo de actuaciones no supondría incrementos de costes sino incluso ahorros importantes, según diversos estudios especializados. En este sentido, una de las ventajas de la colaboración está en contar con servicios de personal de gran preparación que, de pertenecer a las administraciones, implicaría asumir grandes costes.

Con la subrogación de servicios como los de las TIC se conseguirían liberar importantes recursos necesarios en otras áreas de la gestión pública. No se trata de una iniciativa nacida de la coyuntura. En los años 80 este tipo de servicios fueron de los primeros que algunos gobiernos decidieron externalizar. Así, según la empresa Adecco, los servicios informáticos son los que más se han delegado a empresas externas, el 29,8%. Les siguen las tareas de producción, el 25,8% y con el 15,2% figuran los servicios de recursos humanos.

Esta no es una práctica aislada. Diversos gobiernos han identificado las TIC como una área de potencial ahorro para la Administración. Quizá el que con más fuerza ha iniciado en esta posibilidad es el nuevo Gobierno de Gran Bretaña, que encabeza David Cameron. El primer ministro, con una frase quizá polémica, mostró su deseo de “echar la basura” fuera de las funciones de gobierno e indicó que ello incluye las TIC.

Ejemplo británico

Por otra parte, con el objetivo de conseguir ahorros de costes, el Ejecutivo británico anunció también que centralizará todas las decisiones de inversión que superen los 5,8 millones de euros. Todo ello permitirá “conseguir dar el máximo valor a las inversiones TIC al mismo tiempo que se consiguen infraestructuras interoperables”, afirmaba el Ejecutivo de aquel país. En el caso concreto de Gran Bretaña se considera que estas actuaciones supondrían ahorrar miles de millones en costes innecesarios, sin que ello afectase a los servicios que se prestan a empresas y a ciudadanos, según el primer ministro británico.

Pero no todos coinciden con esas valoraciones. Algunos dudan de la externalización desde el ámbito público hacia el privado por considerar que existe el peligro de que el Gobierno “pierda el control” de los servicios que presta y, por tanto, se vea impotente para garantizar el interés público, que es su principal misión.

Las posiciones anteriores se han de tener en cuenta si se quieren articular operaciones de colaboración entre los sectores público y privado, especialmente si se quiere establecer un marco legal que las regule.

Definir criterios de colaboración


Salvador Alemany presidente del grupo de expertos creado por la Generalitat para promover la reactivación económica, planteaba en un reciente artículo periodístico la necesidad de avanzar en la creación de criterios coherentes que concreten las sinergias entre los ámbitos privado y público. Indicaba en cuáles de ellos es posible y los casos en los que el acceso a la prestación sería el pago por uso, el copago, o en cuáles sería de libre acceso.

El objetivo, pues, sería el aprovechamiento de la consolidación de los recursos públicos mediante la aplicación de economías de escala (se ha de tener en cuenta que algunos ministerios pueden llegar a tener más de cuatro centros de procesos de datos); la agregación de contratos en un número pequeño de proveedores y a largo plazo. En definitiva, usar las fortalezas del sector privado para financiar proyectos (aunque sea bajo la dirección y la titularidad públicas) y al mismo tiempo asumir riesgos, así como usar las TIC como motor de cambio, se perfilan como elementos que pueden hacer que el sector público se convierta en el garante sostenible de la sociedad de bienestar.

Repensar “lo público” se convierte, en este sentido, en un reto ineludible de la clase política frente a la ineludible reducción del déficit. La fórmula debería tender a generar un beneficio público por la vía de las mejoras de la eficiencia en la Administración, utilizando un sector no público para generar conocimiento especializado en el tejido industrial del país.
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