La nueva izquierda tensa el conflicto con Coca-Cola para obligarla a reabrir Fuenlabrada

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CONFLICTO LABORAL

Trabajadores de Coca-Cola ante el Tribunal Supremo.

Madrid , 12 de julio de 2015 (21:27 CET)

El conflicto con Coca-Cola ha dejado de ser laboral y judicial para convertirse en un asunto político. La okupación en la planta de Fuenlabrada por parte de un grupo de trabajadores que exige la reapertura de la fábrica ha recibido un importante espaldarazo político.

Concejales y diputados autonómicos afines a Podemos han mostrado su apoyo a la okupación que exige la reapertura de la planta pero impide al personal de la embotelladora entrar en las instalaciones, según ha denunciado la compañía.

Coca-Cola quiere reiniciar las actividades, tal como le obliga la sentencia del Tribunal Supremo, pero no como fábrica sino como centro logístico y de almacenamiento. Es el resquicio que ha encontrado la embotelladora para evitar la reapertura productiva que suprimió en su programa de ajuste de costes.

Carmena apoya a los trabajadores

La nueva confrontación ha encendido las alarmas en Coca-Cola que iniciará acciones legales contra los manifestantes, pero también entre los sindicalistas, que temen que la compañía pueda abrir expedientes disciplinarios y, por tanto, forzar despidos justificados. "Es un escenario delicado y que se debe afrontar con cautela", explican desde el sindicato Comisiones Obreras.

Los nuevos grupos políticos afines a Podemos han dado un apoyo explícito al campamento levantado frente a la fábrica y participaron este viernes en una reunión de apoyo a la que asistieron diputados autonómicos de Podemos y concejales de Leganemos, Ahora Getafe, Ganar Fuenlabrada y Ahora Madrid. La propia alcaldesa Manuela Carmena ha comunicado a los manifestantes su apoyo expreso a la causa y anunció que visitará el campamento en los próximos días.

La visita sería un nuevo acto que resentiría la imagen de Coca-Cola que afronta un boicot promovido por los trabajadores despedidos en el Expediente de Regulación de Empleo, ERE, declarado ilegal por el Tribunal Supremo. "Es fundamental que aprovechemos el poder en las instituciones para fortalecer esto. Creemos que vamos ganando. Es un conflicto que se va a ganar desde el punto de vista social e institucional. La empresa tiene que estar de retroceso constantemente", explicó Jaime Cendrún, representante de Comisiones Obreras, en la reunión del viernes pasado. 

Ejecución de la sentencia

Los trabajadores son conscientes que tendrán dificultades para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. La embotelladora alega que es imposible reanudar la fabricación porque la estructura productiva de la compañía ha cambiado de forma radical durante los últimos dos años.

La plantilla, que ha convocado a una marcha el próximo viernes 17 de julio contra la empresa, evalúan las acciones que tomarán este verano. La embotelladora no dudará en optar por la vía judicial. Asegura que los manifestantes impiden a la embotelladora a entrar en los terrenos de su propiedad. 

Mientras tanto, el llamamiento al boicot se extiende por el país. "Madrid no produce, Madrid no consume Cca-Cola", es el lema en Fuenlabrada. En Asturias ha sido adaptado. "Bebe sidra. No bebas Coca-Cola". 

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